El 15 de junio de 2017, la administración de María Eugenia Vidal promulgó la adhesión de la Provincia a la ley Nacional de Contratos de Participación Pública-Privada (PPP), una ley que fue aprobada por la Legislatura en mayo de ese año.
Sin embargo, todo este tiempo la normativa aún no había sigo reglamentada. Esto se dio recién este lunes al ser publicada en el Boletín Oficial. El contexto no es menor, el freno a la obra pública anunciada por la administración de Mauricio Macri, tras el pedido de auxilio del FMI, hizo prender los radares en la provincia.
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En ese marco, el decreto publicado, sostiene: “Dicha norma debe ser reglamentada para resultar plenamente aplicable en el marco de la Provincia de Buenos Aires de modo efectivo y eficiente (…) Que a tal fin, es preciso designar al Banco Provincial de Inversión Pública (BAPIN) como ventanilla de ingreso de todo contrato a ejecutarse bajo la modalidad prevista en la Ley N° 14.920”.
Asimismo, en la resolución se propició la creación, en el ámbito de la Dirección Provincial de Inversión Pública y Participación Público Privada, “del Banco de Proyectos de Participación Público-Privada” y los requisitos necesarios para la instrumentación de los proyectos bajo esta modalidad a desarrollarse en el ámbito municipal.
Datos para tener en cuenta, los distritos que realicen obras o presten servicios que se vinculen con leyes o planes provinciales bajo la modalidad PPP, “deberán gestionar la autorización ante la Autoridad de Aplicación o proceder a convenir con ella las coordinaciones necesarias”.
Los proyectos de PPP, se basan en un acuerdo entre el sector público y el sector privado, donde parte de los servicios o labores que son responsabilidad del Estado es suministrada por el sector privado bajo un claro acuerdo de objetivos compartidos. Además, el acuerdo regula las responsabilidades de ambas partes y la remuneración que va a recibir el privado por tomar esa responsabilidad.
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