Un video encendió el debate. Fue un gesto simple, pero cargado de significado, recorrió las redes sociales de punta a punta en la provincia de Buenos Aires. En un clip que ya suma decenas de miles de reproducciones, una conductora se plantó frente a la cabina de peaje de la Ruta Nacional 226 y exigió que levantaran la barrera sin cobrarle. Su argumento fue claro y contundente: “Si no brindan el servicio, no tenemos por qué pagar”.
La mujer —jubilada y usuaria frecuente de las rutas bonaerenses— había iniciado su viaje abonando el peaje en el primer puesto. Pero a medida que avanzaba por el tramo concesionado, los pozos, la falta de pintura y los desniveles le confirmaron que la empresa responsable no estaba cumpliendo con el mantenimiento mínimo. Cuando llegó a la siguiente estación de cobro, decidió registrar el momento con su teléfono y reclamar.
“LLAMÁ AL SUPERVISOR DEL PEAJE”
El intercambio con el empleado fue respetuoso pero firme. Primero le sugirieron que ella misma levantara la barrera, lo que la hubiera dejado registrada como infractora en las cámaras. Entonces pidió hablar con un supervisor. Finalmente, y tras una breve espera, la autorización llegó: la barrera se levantó y pudo seguir viaje sin pagar.
En el video, la automovilista detalla que los baches son “vergonzosos”, que el pavimento está parchado con brea y que la señalización está prácticamente borrada. Y remata con un mensaje que resonó entre miles: “Aprendamos a defender nuestros derechos y que no nos sigan robando”.
La repercusión fue inmediata. La mayoría de los comentarios coincidía en que, si más personas actuaran como ella, las concesionarias y empresas a cargo del mantenimiento se verían obligadas a cumplir.
Muchos remarcaron que un sistema de peajes manuales, con atención humana, colapsaría rápidamente si una gran cantidad de conductores se negara a pagar ante un servicio deficiente. Esa presión, decían, podría forzar mejoras urgentes en las rutas.
TAMBIÉN HUBO COMENTARIOS “DE REBAÑO”
Claro que no faltaron las voces críticas. Algunos consideraron que no pagar nunca es la solución; otros aprovecharon para cargar tintas políticas, responsabilizando tanto a gestiones anteriores como a la actual: desde quienes culpan a Cristina Fernández por no haber resuelto el problema, hasta quienes acusan al gobierno de Javier Milei de mantener peajes abusivos mientras declara que “no hay plata” para arreglar rutas.
El trasfondo es conocido por cualquier persona que haya transitado una ruta concesionada: la obligación de pagar por un servicio que muchas veces no se presta.
La mujer recordó que la 226 recién entra en una nueva concesión en 2026, y que por eso la empresa actual no invierte en su mantenimiento. “Ahí tendría que estar el Estado controlando, y nosotros, como ciudadanos, haciendo de Estado”, dijo.
En declaraciones al medio “La voz de Tandil”, la conductora eplicó que decidió registrar las imágenes con el teléfono porque “en la Argentina el que hace las cosas mal cree que tiene derechos, entonces pensé en quedar cubierta. El argentino está acostumbrado a agachar la cabeza y no reclamamos lo que nos corresponde“.
Más allá de la discusión política, el caso expuso algo que cruza a toda la provincia: la tensión entre el derecho a circular en condiciones seguras y el deber de pagar un peaje. Un conflicto que, por ahora, sigue del lado de las empresas.
