La propuesta de reforma laboral vuelve a tensar la relación entre el Gobierno de Javier Milei y las organizaciones sindicales, que marcharán hoy mismo al Congreso para expresar su rechazo. En entrevista con La Cielo, Godoy sostuvo que la iniciativa oficial “pretende retrotraer al siglo XIX la relación laboral en la Argentina” y funciona como continuidad de las reformas impulsadas por la dictadura, el menemismo y el macrismo, así como del capítulo laboral de la Ley de Bases aprobada el año pasado.
El eje central de su crítica es la creación del fondo de asistencia laboral. Según explicó, en el proyecto original las empresas aportarían un porcentaje por cada trabajador, pero los grandes grupos empresarios rechazaron esa carga. Por eso el Poder Ejecutivo propuso financiar el fondo descontando aportes patronales que hoy sostienen el sistema previsional y las prestaciones de la ANSES. De ahí su advertencia: “Los jubilados van a terminar pagando las indemnizaciones por despidos”.
Para Godoy, el diseño del fondo “muestra de cuerpo entero” el sesgo del proyecto: “levantás cualquier baldosa y son negocios para el sector financiero”. Agregó que la reforma “habilita despidos masivos, sin indemnización y subsidiados por el Estado”, promoviendo un mercado laboral donde los costos sociales los absorbe el conjunto de la sociedad y no las empresas.
Otra preocupación es el impacto en los trabajadores de plataformas como parte de una tendencia de precarización permanente. Según describió, la ley “declara eternamente precarios a los trabajadores de plataformas al considerarlos independientes”, ocultando la relación real de dependencia con “propietarios multimillonarios”.
El dirigente también rechazó la intención oficial de trasladar la justicia laboral al fuero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En su visión, ese movimiento busca “hacer desaparecer la justicia laboral, integrándola como si fuera un problema provincial cuando es nacional” y debilitando la capacidad de los trabajadores para defender derechos adquiridos.
En medio del debate legislativo, Godoy denunció una estrategia oficial de avanzar sobre “derechos conquistados y organismos de protección social” citando el intento de derogar la emergencia pediátrica y la emergencia en discapacidad dentro del tratamiento del Presupuesto Nacional, “ocultas entre un fárrago de artículos”.
Para el secretario general de la CTA Autónoma, el trasfondo es un proyecto político que busca institucionalizar “un Estado colonial”, generar desmovilización social y profundizar la crisis de representatividad. “Lo que se discute no es un despido más o menos, sino cómo se organiza la sociedad en el futuro”, afirmó. Por eso convocó a la jornada de protesta nacional con paro y movilizaciones, junto a múltiples organizaciones sindicales, cooperativas, pymes y organismos de derechos humanos.
