Con la promesa de modernizar la legislación, el Gobierno Nacional envió el proyecto de reforma laboral al Congreso. El documento, de poco más de 130 páginas y 196 artículos, ya está en mano de los legisladores de todos los bloques y empieza a ser analizado. El oficialismo de La Libertad Avanza intentará aprobarlo antes del 30 de diciembre.
Más allá del apuro libertario, el proyecto no es una reforma más porque introduce muchos cambios en la legislación actual que van desde las reglas de contratación hasta las de los despidos, pasando por los registros, las jornadas y los litigios.
Esta mañana, la Oficina del Presidente emitió un comunicado explicando que se propone “remover distorsiones, simplificar y digitalizar la registración laboral, precisar los componentes salariales que integran las indemnizaciones, modernizar licencias y procedimientos, ordenar responsabilidades y fortalecer un sistema que brinde certezas tanto a trabajadores como empleadores”.
Según la administración Milei, el objetivo es “crear un entorno que facilite la contratación, promueva la inversión y permita que el trabajo registrado vuelva a expandirse en todos los sectores de la economía”.
Ganadores y perdedores de la reforma laboral libertaria
Por fuera del relato libertario, ya hay varios sectores que se opusieron expresamente al proyecto. Los trabajadores estatales nucleados en ATE son un ejemplo de eso y llegaron a hacer un paro nacional para expresarse. La CGT también se mostró reacia a los cambios aunque eligió la vía legislativa para combatirlos. Una primera lectura del documento oficial permite entender por qué.
Los ganadores
La reforma favorece principalmente a quienes venían reclamando previsibilidad, menor litigiosidad y mayor flexibilidad operativa.
1. Empresas medianas y grandes: previsibilidad y reducción de riesgos
- Los cambios en indemnizaciones, presunciones y responsabilidad solidaria alivian uno de los principales costos indirectos del empleo: la incertidumbre judicial.
- Se acota la base salarial para calcular indemnizaciones.
- Se restringe la solidaridad en subcontratación y grupos económicos.
- Se limita el crecimiento de los juicios con el nuevo criterio de actualización (IPC + 3%).
- Para empresas que planifican inversiones o manejan nóminas amplias, estos cambios se traducen en costos más predecibles y menor exposición a litigios.
2. Sectores que necesitan flexibilidad en la jornada
- Tecnología, comercio electrónico, turismo, servicios estacionales y logística operan con ciclos irregulares. El nuevo marco incorpora mecanismos que esas actividades venían reclamando desde hace años.
- Banco de horas con acuerdo individual.
- Compensación horaria dentro del mismo ciclo de trabajo.
- Mayor margen para ajustar modalidades de prestación.
- En estos sectores, la flexibilidad deja de ser una zona gris para convertirse en un instrumento regulado.
3. La economía de plataformas
- El proyecto reconoce explícitamente la figura del prestador independiente en plataformas digitales. Esto no resuelve debates de fondo —como quién debería garantizar coberturas mínimas—, pero sí da certeza normativa.
- Se reduce el riesgo de reclamos por relación de dependencia.
- Se estabiliza un modelo de negocio que, hasta ahora, convivía con fallos contradictorios.
- Para plataformas de delivery o transporte, la reforma despeja uno de los principales focos de conflicto.
4. Empresas con alta rotación
- La creación del Fondo de Asistencia Laboral (3% mensual sobre remuneraciones) permite “pre-financiar” eventuales indemnizaciones o preavisos.
- Disminuye el impacto de picos de despidos.
- Facilita la contratación en sectores donde el vínculo suele ser más breve. Para industrias con flujos de personal constantes, es una herramienta que estabiliza costos.
Los perdedores
1. Trabajadores en posiciones vulnerables
- Las modificaciones tienen efectos desiguales. Para trabajadores formales calificados, el impacto puede ser neutro. Para quienes están en zonas más precarias del mercado laboral, las protecciones se debilitan.
- La presunción de relación laboral se reduce si hay facturación o contratos civiles.
- Crece la cantidad de conceptos no remunerativos, que bajan aportes y contribuciones.
- Los nuevos topes pueden reducir la indemnización en trayectorias largas.
- Estos cambios pueden fomentar empleo formal en ciertos sectores, pero también habilitan estrategias para desplazar vínculos laborales a esquemas más flexibles —y menos protegidos.
2. Trabajadores tercerizados
- La reducción de responsabilidad solidaria del principal impacta particularmente en quienes trabajan para contratistas con menor capacidad financiera.
- Si el contratista falla, el trabajador tendrá menos margen para reclamarle a la empresa principal.
- Es uno de los puntos donde el riesgo se desplaza de la empresa grande hacia el trabajador de la cadena.
- Este cambio reduce litigiosidad, pero también recorta una herramienta clave para garantizar cobro efectivo.
3. Sindicatos
- No quedan excluidos, pero sí reubicados en un rol con menos centralidad.
- El banco de horas puede pactarse de forma individual.
- La definición de complementos salariales se flexibiliza y puede ser unilateral.
- Se acota la presunción laboral, que históricamente fortalecía su capacidad de control.
- No se trata de un debilitamiento explícito, sino de una reforma que expande el margen de negociación individual y, por lo tanto, relativiza el rol de la representación colectiva.
4. Trabajadores que recurren a la justicia
- El proyecto reduce incentivos y capacidad de recuperación de un juicio laboral.
- La actualización de créditos laborales se vuelve más previsible, pero menos beneficiosa.
- Se fijan límites a los honorarios y a los pactos de cuota litis.
- Es una de las áreas donde el Gobierno identifica “industria del juicio” y donde la reforma apunta directamente a achicar costos.
