El nuevo proyecto de reforma laboral enviado por el Gobierno al Congreso abrió un frente de conflicto que atraviesa a todo el ecosistema informativo argentino. Más allá de las modificaciones amplias que impulsa el oficialismo en materia de empleo, uno de los puntos más sensibles volvió a emerger como una señal de alerta: la intención de eliminar el Estatuto del Periodista y el régimen que regula el trabajo en empresas periodísticas desde mediados del siglo pasado.
La iniciativa, expresada de manera explícita en el capítulo de “Derogaciones”, propone desarticular el andamiaje jurídico que garantiza condiciones mínimas para reporteros, cronistas, fotógrafos, editores y quienes integran las redacciones. Con ello, el Ejecutivo busca desmantelar un entramado que no solo rige relaciones laborales, sino que también sostiene mecanismos de protección ligados al derecho a informar y a la libertad de expresión.
Un golpe estructural al marco profesional
El artículo 194 del proyecto resume el eje de la disputa: plantea derogar de forma completa la Ley 12.908, conocida como Estatuto del Periodista, junto con el decreto-ley 13.839/46, que regula las tareas administrativas dentro de las empresas de comunicación. Ambas normas, vigentes desde hace casi ocho décadas, son consideradas pilares de un régimen que estableció categorías, jornadas, licencias, sanciones, indemnizaciones y deberes empresariales en un rubro históricamente atravesado por la precarización.
El estatuto actual fija una jornada máxima de 36 horas semanales, un recargo del 100% por horas extras y un sistema de protección ante despidos que contempla un preaviso ampliado y una indemnización incrementada. También dispone requisitos de profesionalización y mecanismos de registro, entendidos como herramientas para garantizar un ejercicio ético y responsable del oficio.
Para los gremios del sector, el Gobierno no apunta a una modernización sino a “borrar un siglo de derechos”, tal como advirtieron el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren). En distintos comunicados, señalaron que aquello que el oficialismo presenta como flexibilización encubre una “regresión laboral de magnitud histórica”.
Consecuencias sobre la libertad de expresión
La ofensiva del Ejecutivo no se limita al plano salarial o contractual. En paralelo, el proyecto propone derogar artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual vinculados a gravámenes que hoy contribuyen al financiamiento de medios públicos, comunitarios y pequeñas empresas del sector. De concretarse, alertan los sindicatos, el sistema de medios quedaría aún más concentrado y con menor diversidad de voces.
La preocupación se profundiza por el clima político que rodea la iniciativa. Organizaciones de prensa señalaron que el propio discurso presidencial, incluida la frase “no odiamos lo suficiente a los periodistas”, reiterada en distintos actos públicos, evidencia un sesgo hostil hacia la profesión. En ese marco, interpretan la reforma como parte de una serie de señales destinadas a debilitar el rol de la prensa en una democracia.
“Con una misma norma, el Gobierno beneficia doblemente a las grandes empresas de medios: les quita derechos a quienes trabajan y las exime de impuestos diseñados para garantizar un sistema plural y democrático”, remarcaron SiPreBA y Fatpren.
Estrategia gremial: del Congreso a la calle
Frente al avance del oficialismo, las organizaciones sindicales comenzaron a delinear una respuesta unificada. Adelantaron que combinarán presión parlamentaria, acciones judiciales y movilización en las calles para intentar frenar lo que definen como “una contrarreforma” que debilita tanto las condiciones laborales como el derecho social a acceder a información de calidad.
La nueva conducción de SiPreBA asumirá el próximo martes a las 18 en su sede de Solís 1158. Aunque el acto estaba previsto con anterioridad, se transformará en un punto clave de articulación frente al escenario que se abre. Según anticiparon, la defensa del oficio y del marco legal que lo sostiene será el eje central del encuentro.
Mientras tanto, el debate vuelve a instalar una pregunta de fondo: ¿puede hablarse de modernización cuando se eliminan garantías históricas destinadas a proteger una actividad esencial para la vida democrática? Para el sector de prensa, la respuesta es tajante. Y la disputa, recién comienza.
