Durante el discurso de toma de mando, el gobernador Axel Kicillof adelantó que no enviará en el corto plazo un proyecto de ley de Presupuesto para 2020. “Necesitamos tener un marco de proyecciones del gobierno nacional, que el presidente ha dicho que va a posponer hasta que conozca la situación”, explicó a la Asamblea Legislativa.
En rigor, el proyecto debería haber sido presentado por la administración de María Eugenia Vidal el 31 de agosto, según indica el artículo 103 de la Constitución Provincial. Durante la transición se instaló la versión de que ambas administraciones -la saliente y la entrante- elaborarían en conjunto un proyecto, pero no prosperó.
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Así las cosas, la instrucción es “esperar a que haya un proyecto de Presupuesto nacional presentado”, algo que no ocurrirá hasta bien entrado 2020. ¿Cómo hará entonces para gobernar Axel Kicillof?
La situación está contemplada por la Ley de Administración Financiera (13.767), donde se prevé que, ante la no aprobación de la Ley de Presupuesto, el Ejecutivo está facultado a prorrogar, con una serie de ajustes, la del ejercicio anterior. En su artículo 26, prescribe que “si al comenzar el ejercicio no hubiera sancionado el Presupuesto General, regirá el que estaba en vigencia al cierre del ejercicio anterior, con los ajustes que determine el Poder Ejecutivo”.
El mismo artículo indica que Kicillof estaría facultado a incluir en los créditos presupuestarios “previsiones sobre proyección anual de precios de bienes y servicios, salarios y tasas de interés”, además de “gastos en personal y servicio de deuda pública”.
También la Constitución bonaerense contempla el cuadro: el Artículo 103, que marca las atribuciones del Poder Legislativo, indica en el inciso 3: “Vencido el ejercicio administrativo sin que la Legislatura hubiese sancionado una nueva ley de gastos y recursos, se tendrán por prorrogadas las que hasta ese momento se encontraban en vigor”.
La situación tiene antecedentes. En 2013, Daniel Scioli estuvo a punto de tener que prorrogar el Presupuesto por los cortocircuitos con el Frente Renovador, que no habilitaba los votos necesarios para autorizar un pedido de endeudamiento por 14.500 millones de pesos. Finalmente hubo acuerdo y la ley se sancionó antes de fin de año.
En 2005, y en el marco de otra fractura del Peronismo, el entonces Gobernador Felipe Solá debió vetar el presupuesto que había votado el Legislativo, en desacuerdo con las modificaciones que allí le había introducido la oposición –de su propio partido- y que le recortaban la posibilidad de reasignar partidas.
El Presupuesto vigente contempla un gasto de 930 mil millones de pesos, de los cuales 511 mil corresponden a la administración central de Gobierno, 250 mil millones a organismos descentralizados y casi 170 mil millones a las instituciones de Previsión Social.
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