El diputado nacional Daniel Arroyo aseguró que el Gobierno nacional “juega con la desesperación de las personas con discapacidad y sus familias” al no aplicar una ley vigente que fue aprobada por amplia mayoría parlamentaria y cuya implementación fue ordenada por la Justicia.
Arroyo habló al aire de Palabras más, palabras menos, por FM La Cielo, y se expresó en un sentido muy similar al que lo había hecho dias atrás la actriz y referente de la lucha de las personas con discapacidad, Valentina Bassi.
“La Justicia lo que determinó es que de manera inmediata tiene que poner en marcha una ley”, sostuvo Arroyo, y repasó el derrotero institucional de la norma: “Fue aprobada por el Congreso, el Gobierno la vetó, el Congreso insistió con más del 70% de los votos, el Gobierno la promulgó y en el segundo artículo dijo: ‘la suspendo’”.
Una ley vigente que el Ejecutivo no cumple
Arroyo calificó la situación como “insólita” y remarcó que no hay margen para interpretaciones: “La Justicia hizo lo único que podía hacer y lo que dicta el sentido común: le dijo al Gobierno ‘no, usted no puede hacer eso; ponga en marcha la ley’”. En ese marco, recordó antecedentes recientes: “Con las pensiones por discapacidad, el Gobierno dio de baja más de 100 mil sin notificar a la gente. La Justicia obligó a darlas de alta y el Gobierno acató”.
Para el diputado, la discusión excede lo jurídico y se vuelve social y humanitaria. “Hoy sigue la persona en un taller protegido cobrando 28 mil pesos por mes. Hoy sigue el acompañante terapéutico cobrando 3 mil pesos la hora a 180 días. La persona que empieza a trabajar ahora va a cobrar en junio del año que viene”, describió.
Un sistema colapsado y sin presupuesto
Arroyo advirtió que el ajuste impacta de lleno en la vida cotidiana: “El transportista cobra 541 pesos el litro de nafta y con suerte traslada un día por semana. Las escuelas especiales están a punto de cerrar, los hogares y los centros de día también. Está todo colapsado”. Y subrayó: “La ley reordena y organiza todo eso y no tiene impacto fiscal significativo”.
Además, cuestionó que la norma no esté contemplada en el Presupuesto 2026 enviado por el Ejecutivo. “Ni siquiera la proyectaron para el año próximo”, señaló, y agregó que “sí está incluida en los dictámenes de los otros bloques”.
Con un plazo judicial de 48 horas para cumplir el fallo, Arroyo fue categórico: “Seguir estirando esto es seguir estirando la agonía. De verdad, no logro entender por qué el Gobierno hace esto”.
