La Justicia Federal dictó el procesamiento de un empresario frigorífico de Roque Pérez a quien señala como presunto responsable del vertido ilegal de efluentes contaminantes en el Río Salado.
El caso se conoció a comienzos del 2023 a raíz de una impactante fotografía área que se viralizó en las redes sociales y generó preocupación en la comunidad. En el centro de la polémica quedaron dos empresas: un frigorífico y una planta procesadora de aves que se encuentran muy cercanas entre sí.
Del caso dio cuenta Infocielo en enero de aquel año, tras una serie de denuncias realizadas por la gestión del por entonces intendente José Luis Horna, quien señaló a las firmas por haber “desoído” las advertencias comunicadas por cédulas oficiales, que daban cuenta de los resultados “con valores contaminantes” y en los que se solicitaba “el cese inmediato de ese vuelco”.
En las últimas horas, el juez federal de Azul, Gabriel Di Giulio, avanzó sobre la primera de ellas, Frigorífico La Canaria S.A. y procesó a su titular por infracción a la Ley N°24.051 de residuos peligrosos.
Además el ordenó un embargo por 10 millones de pesos para garantizar eventuales responsabilidades pecuniarias y futuras medidas de recomposición ambiental, y rechazó el sobreseimiento planteado la defensa.
El recorrido judicial hasta el procesamiento del empresario
Según relata el sitio Fiscales.org, la investigación se inició tras una denuncia presentada por la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (UFIMA), a cargo del fiscal federal Ramiro González, a partir de imágenes difundidas por un medio periodístico que mostraban la descarga directa de efluentes industriales en aguas vinculadas al sistema del Río Salado.
Tras una declaración de incompetencia del Juzgado Federal de Dolores, la causa quedó radicada en el de Azul en noviembre de 2023.
Luego, inspecciones de la Autoridad del Agua (ADA), del Ministerio de Ambiente de la provincia y del Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal (PFA) se “constataron infracciones ambientales reiteradas y la presencia de parámetros contaminantes por encima de los límites permitidos en, al menos, tres oportunidades entre 2023 y 2025”.
Al dictar el procesamiento, el magistrado valoró los informes técnicos y periciales que demostraron la “presencia reiterada y sistemática de DBO (Demanda Biológica de Oxígeno), DQO (Demanda Química de Oxígeno), fósforo total, sólidos sedimentables y coliformes fecales por encima de los límites permitidos”, lo que configuró la existencia de residuos peligrosos con aptitud para afectar el ambiente y la salud pública.
El imputado, que optó por no declarar y presentó un descargo por escrito, alegó que se trataba de irregularidades administrativas y que la empresa había implementado mejoras.
No obstante, el juez consideró que esos argumentos no lograban desvirtuar los resultados de las inspecciones ni la evidencia técnica recabada en allanamientos y muestreos oficiales, elementos centrales para configurar la responsabilidad penal investigada.
En base a esos elementos, el juzgado resolvió procesar, sin prisión preventiva, al presidente de la firma, ordenar un embargo por 10 millones de pesos.
