Pipinas es un pueblo que apenas supera los 1000 habitantes en el partido de Punta Indio. No tiene cajero automático ni farmacia. Pero en el 2014, en el centro de su pequeña plaza, comenzaron a verse ingenieros, vehículos oficiales y técnicos con insignias de la CONAE. Parecía una broma, pero no lo era: Argentina iba a construir allí su primera base de lanzamiento espacial para el proyecto Tronador II, una iniciativa de desarrollo soberano para colocar satélites nacionales en órbita.
El entusiasmo fue inmediato. La escena recordó a otros tiempos en los que la cementera Corcemar –motor histórico de la economía local– mantenía vivo al pueblo. Su cierre en 2001 lo dejó sumido en la desocupación. Pero en 2014, la posibilidad de convertirse en una sede del programa espacial argentino devolvía a Pipinas la esperanza de reactivarse.

“Fue un montón de trabajo que cayó del cielo para mucha gente”, resumía en aquel momento Breyner Torres, uno de los jóvenes de la cooperativa que recuperó el hotel local, colmado de técnicos y científicos durante meses. Las pastas de Rosa Serafín, famosas en el pueblo, pasaron a cocinarse por docenas. Y hasta Verónica Maciel, a punto de emigrar con su hija, encontró empleo en el nuevo centro de operaciones montado en el antiguo Club Deportivo y Cultural.
El Tronador II no solo era un símbolo de progreso para Pipinas. Representaba un objetivo geopolítico: completar el ciclo espacial. Es decir, no solo fabricar satélites –como ya hace Argentina–, sino también poder lanzarlos con vehículos propios, sin depender de potencias extranjeras ni pagar millones de dólares por cada operación. Solo diez países en el mundo lo lograron. Ninguno en América Latina.

De la ilusión al riesgo: el impacto del ajuste en la ciencia nacional
El sueño espacial, sin embargo, comenzó a crujir. Tras un largo parate en 2015, el proyecto había sido reactivado por la CONAE en 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández, con inversiones que alcanzaban los $10.000 millones y pruebas previstas en Pipinas y en la Base Naval de Puerto Belgrano. El plan contemplaba el desarrollo progresivo de tres cohetes: el TII-70, el TII-150 y el Tronador II-250, con capacidad para colocar satélites de hasta 700 kilos a 600 km de altura.

Pero desde diciembre de 2024, con la asunción de Javier Milei, el panorama cambió. La empresa estatal VENG S.A., encargada de los lanzadores, enfrentó recortes presupuestarios, despidos de técnicos altamente calificados, congelamientos salariales y la remoción de su directorio. Los sindicatos advirtieron un “plan de vaciamiento” del sistema científico-tecnológico. Y aunque oficialmente se afirma que los proyectos “siguen vigentes”, hoy el Tronador está en pausa.

El gobierno nacional reemplazó al directorio, designando a Roberto Yasielsky (director de la carrera de Ingeniería en Sistemas Espaciales de la Universidad Nacional de San Martín) como presidente, en reemplazo de Marcos Actis, ingeniero aeronáutico. Y se nombró a Laureano Quiroga como gerente general y Alberto Haure como gerente de RR.HH. En tanto que, Leonardo Comes continuó como vicepresidente de Veng, mientras que Martín Suárez Gazzero, Cristian Cuba y Mariano Luna asumieron como directores.
VENG, dependiente de la CONAE, se especializa en manufactura avanzada, soldaduras por fricción (FSW), y electrónica espacial. Opera además los satélites SAOCOM y mantiene acuerdos internacionales, como el firmado con e-GEOS para la distribución global de imágenes. Todo eso, hoy, está en revisión.
El recorte deja en el aire más de una década de investigación y cientos de puestos de trabajo calificado. Pero también pone en riesgo algo más difícil de cuantificar: el futuro de pueblos como Pipinas, que por un instante sintieron que podían formar parte de la vanguardia tecnológica argentina.

Pipinas y el espacio: historia de un sueño bonaerense
La iniciativa surgió con fuerza en 2013. La Universidad Nacional de La Plata –principal apoyo científico del proyecto– trabajaba desde hacía años en tecnología de lanzadores. El ingeniero Marcos Actis, entonces decano de Ingeniería de la UNLP, sintetizaba el momento con claridad:
“Teníamos los desarrollos, teníamos los motores. Lo único que faltaba era apoyo del Estado. Ahora podemos retomar una línea de investigación que estaba detenida desde hace 40 años”.
Ese impulso llevó a convertir a La Capetina, un paraje de humedales cercano a Pipinas, en base de lanzamiento. El 26 de febrero de 2014, el primer prototipo del Tronador se elevó dos metros y cayó. Un fallo, sí, pero también una señal: se podía seguir adelante.
El plan era ambicioso. El TII-70 probaría el motor de segunda etapa; el TII-150 volaría hasta 400 km de altitud; el Tronador II-250 –de 27 metros de altura y 2,5 metros de diámetro– pondría en órbita satélites enteramente nacionales. Una nueva etapa de soberanía tecnológica estaba en marcha.
VENG presentó incluso un documento oficial, donde se detallaba la estrategia para acceder al espacio desde Argentina:
- Servicios de lanzamiento desde el país
- Centro Espacial Manuel Belgrano en Puerto Belgrano
- Desarrollo de propulsores líquidos
- Tanques presurizados con soldadura FSW
Hoy, todo eso parece en suspenso.

Un pueblo que espera, otra vez
“Gente así no se veía desde que estaba la fábrica”, decía un vecino en 2014. Hoy, ese comentario resuena con una mezcla de melancolía e incertidumbre. Pipinas ya vivió una crisis cuando perdió su industria. Creyó renacer con la ciencia. Ahora, esa ilusión también tambalea.
Desde los laboratorios de la UNLP hasta el pequeño hotel de la cooperativa local, pasando por técnicos despedidos y estudiantes sin futuro claro, el proyecto Tronador II es más que un cohete. Es una metáfora de lo que se puede perder cuando el conocimiento y la inversión pública dejan de ser prioridad.
Y si alguna vez un satélite argentino vuelve a despegar desde esta tierra bonaerense, ojalá en Pipinas vuelva a escucharse el eco de una frase que parecía ciencia ficción: “Desde aquí, lanzamos un cohete al espacio”.
Fuentes:
- Espacio Tech, VENG S.A., Agencia TSS (UNQ), Documento sobre El Acceso al Espacio Brochure.
- Relevamiento propio e histórico del caso desde 2014 a 2025

