El juez de Garantías de La Plata, Juan Pablo Masi, ordenó al IOMA que concrete en un plazo perentorio la provisión y el pago de un implante coclear para un niño, tras casi un año de demoras injustificadas. La resolución introduce un elemento inédito: una multa diaria a cada integrante del Directorio de la obra social, a afrontar con su propio patrimonio, en caso de incumplimiento.
El reclamo judicial fue iniciado por la madre del menor JCG quien exigió que el IOMA cubriera el implante indicado por los médicos tratantes. La práctica contaba con todas las aprobaciones necesarias, incluida la conformidad de la propia obra social para realizar la intervención en la Clínica 25 de mayo, en Mar del Plata. Sin embargo, el pago nunca se concretó, y la cirugía quedó paralizada desde el 28 de noviembre de 2024, fecha en que se presentó la acción de amparo.
En mayo de este año, la Justicia ya había intimado al IOMA a resolver el pedido en un plazo de cinco días y dispuso una multa de $50.000 por cada día de demora. Ante la persistencia del incumplimiento, el juez Masi avanzó con una sanción más severa: responsabilizar de forma personal a los miembros del Directorio de la obra social.
Entre los considerandos de la resolución, el magistrado dejó asentado: “Atento lo expuesto y habiendo efectuado una línea de tiempo respecto del presente amparo he de referir que el tiempo transcurrido y los sin fin de plazos y consideraciones que se le ha tenido al IOMA a fin que dé cumplimiento con la petición, sumado al perjuicio que la demora causa en la salud y vida digna que se merece una persona, en este caso un menor, no siendo factible otorgar más plazos al IOMA en tanto se sigue provocando la dilatación del proceso”.
En función de esa evaluación, el juez resolvió ordenar al IOMA el pago total de la cirugía de implante coclear, incluyendo todos los gastos accesorios y complementarios considerados imprescindibles, en un plazo de cinco días desde la presentación del nuevo presupuesto.
El aspecto más relevante de la resolución es que fija que, si el IOMA no cumple, cada integrante del Directorio deberá depositar $50.000 por día de mora, bajo apercibimiento de embargo y ejecución.
La sanción personal contra los directores —única en su tipo— se había puesto en suspenso a mediados del proceso, cuando desde el IOMA se informó sobre la compra del implante, pero la persistencia de la demora en su concreción motivó la resolución que firmó Masi en las últimas horas.
