La diputada nacional Lorena Villaverde decidió dar marcha atrás con su desembarco en el Senado y formalizó su renuncia al cargo para el que había sido electa el 26 de octubre. Lo hizo mientras continúa bajo investigación en Estados Unidos por un caso vinculado a la posesión de cocaína, situación que detonó cuestionamientos internos y externos dentro del oficialismo. Aun así, la legisladora mantendrá su banca en la Cámara baja, donde tiene mandato hasta 2027, un movimiento que abre interrogantes sobre el verdadero alcance de su apartamiento.
El giro político quedó preanunciado el martes, cuando Villaverde presentó una nota para frenar la renuncia previa que ella misma había presentado en Diputados con el fin de asumir como senadora. Esa maniobra, que pasó casi desapercibida hasta su confirmación pública, evidenció que la legisladora buscaba asegurar su permanencia institucional mientras definía su futuro inmediato.
La renuncia al Senado fue comunicada a través de un extenso mensaje dirigido al presidente Javier Milei, en el que aseguró que su decisión respondía a motivos personales y a las presiones generadas por la causa que enfrenta en el exterior. Sin embargo, el trasfondo político es ineludible: su situación judicial se había convertido en un problema para el oficialismo, especialmente en el Senado, donde el Gobierno busca consolidar mayorías ajustadas para la aprobación de las reformas clave.
Aunque Villaverde ubicó su decisión en el plano ético y familiar, la controversia gira ahora en torno a lo que no dejó: su permanencia en la Cámara de Diputados. La Agencia Noticias Argentinas había anticipado que evaluaba completar su mandato hasta 2027, y finalmente eso es lo que ocurrirá. Así, la legisladora evita una salida total del Congreso y conserva un espacio institucional y político relevante, aun cuando su nombre sigue asociado a un expediente internacional que complica al Gobierno.
El oficialismo, por su parte, evita un conflicto inmediato dentro del Senado, pero deberá afrontar el costo político de sostener en la Cámara baja a una dirigente envuelta en un caso que se volvió incómodo en plena disputa legislativa. La maniobra coloca a Villaverde en una posición ambigua: da un paso al costado, pero no se va.
En ese equilibrio tenso entre renunciar y permanecer, la diputada busca desmarcarse de la crisis que la rodea sin resignar influencia. Su futuro político queda así atado al desarrollo de la investigación en Estados Unidos y al modo en que el Gobierno logre administrar un escándalo que, pese a su renuncia parcial, está lejos de cerrarse.
