El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ofreció una extensa conferencia de prensa en la que, entre otras cosas, analizó las últimas medidas económicas del Gobierno Nacional. Entre el rol de ARBA y las leyes tributarias, el “dólar colchón” quedaría acorralado. Qué dijo.
“Pareciera ser un intento de blanqueo permanente, pero las leyes que están en aplicación son las mismas que antes“, advirtió Kicillof tras ser consultado por la prensa acreditada en Gobernación. Para él, lo que anunciaron las autoridades libertarias es “mucho ruido y pocas nueces“.
Algo de razón tiene puesto que desde el Gobierno Nacional reconocieron que el plan tiene “dos etapas”. La primera, que sería la que pusieron en marcha, consiste en modificar umbrales y regímenes de información de ARCA. Para la siguiente necesita que el Congreso de la Nación le apruebe un proyecto con modificaciones a la Ley Penal Tributaria.
En este contexto, el gobernador bonaerense explicó que “lo que parece haber cambiado es el régimen informativo de diferentes transacciones que antes eran como una especie de alerta temprana“. Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires “no tenemos un régimen informativo de este tipo”. En ARBA seguimos trabajando para que sea lo más ágil posible”, completó.
Todo sigue igual en ARBA
En sintonía con lo que dijo Kicillof se manifestó el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación Bonaerense (ARBA), Cristian Girard. Según él, el llamado Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos “carece de seguridad jurídica”.
Sobre el impacto del nuevo régimen fiscal en la provincia de Buenos Aires, Girard confirmó que “ARBA sigue trabajando con normalidad, aplicando los mismos criterios de control”. “Los impuestos provinciales, como Ingresos Brutos o el Inmobiliario, no se ven afectados por estos anuncios. Y la fiscalización sigue firme, porque la obligación de tributar según la capacidad contributiva no cambió“, declaró.
De esta manera, sin cambio de leyes, lo único que cambió es “que ARCA deja de controlar”. “Mientras no haya una norma sancionada por el Congreso, todo queda en un terreno incierto. Si una persona adhiere al régimen y luego se comprueba que utilizó fondos de origen ilícito, se le aplicará la normativa vigente”, advirtió Girard.
