En menos de 24 horas, la Cámara del Trabajo dictó dos medidas que ponen freno a la reforma laboral incluida en el Mega DNU que impulsa el presidente Javier Milei. Al amparo que hizo lugar al pedido de la CGT, se suma este jueves una segunda cautelar en favor de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA).
Mientras el gobierno buscaba asimilar el cimbronazo, ahora sufrió un nuevo revés: La Justicia en lo Contencioso habilitó la feria pero denegó el pedido para que el conjunto de las causas sean absorbidas por eso fuero. En otros términos, se abrió una multiplicidad de causas en disrintas juriscciones.
En efecto, el segundo fallo de la justicia laboral conocido este jueves dispone “la suspensión cautelar de los efectos del DNU 70/2023 (B.O. 21/12/2023) en lo que hace a la operatividad de las previsiones contenidas en su Título IV (TRABAJO -arts. 53 a 97-) hasta tanto se dicte resolución sobre el fondo” y vuelve a llevar la firma de los jueces Andrea García Vior y Alejandro Sudera.
En ese sentido, los abogados que representan a la CTA de Hugo Yasky, fundamentaron la cuestión de la competencia ero laboral del y advirtieron que “no se ha deducido una acción de clase ni iniciado un proceso colectivo; que lo que ha promovido es una acción de amparo con fundamento en lo dispuesto en el art. 43 de la CN y en el art. 47 de la ley 23551, que claramente es un amparo sindical que se ha basado en el perjuicio sustancial concreto que le irroga a su parte -organización sindical de tercer grado- y a sus representados en los términos de la ley de asociaciones sindicales, el mentado DNU, y que la competencia del fuero especial del trabajo está delineada por los arts. 20 y 21 de la LO y por el art. 63 de la LAS”.
Incluso remarcan que “hay intereses colectivos afectados, los mismos no son homogéneos en tanto no se pueden emparentar con los que en su caso podrían plantear los ciudadanos en general -o las organizaciones civiles en particular- ya sea en términos de salud, ejercicio de ciertas profesiones, la liberación del mercado financiero y/o cambiario, desregulación de la actividad farmacéutica, el ajuste fiscal, la venta del patrimonio nacional, la disposición de los recursos energéticos y naturales de la Nación, etc”.
Los jueces avalaron los planteos y advirtieron sobre “los graves riesgos de que el conflicto social -ya avizorado en los últimos días del año 2023- se acreciente y/o derive en hechos de violencia inusitada”.
Las críticas del Gobierno nacional y su apuesta fallida por el fuero Contencioso
Tras conocer el revés judicial, Patricia Bullrich cargó las tintas contra el tribunal de Trabajo está “tomado” y denunció que los fallos son siempre “a favor de los sindicalistas”.
Durante una entrevista televisiva, la ministra de Seguridad recordó su paso por el Ministerio de Trabajo durante el gobierno de Fernando De la Rúa y afirmó que “la Cámara del Trabajo en el 2000 era insoportable, lo único que había era defensa de intereses particulares”. “Todos los fallos siempre salían a favor de uno u otro sindicalista, nunca fue una verdadera justicia donde las cosas se analizan con objetividad. Está tomado” lanzó.
En el medio del conflicto por las competencias, el Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, quien apeló el fallo del Tribunal del Trabajo y pidió el pase hacia ese ámbito Contencioso Administrativo.
Durante las últimas horas, el Juzgado Contencioso Administrativo de Feria, pidió resolver si habilita la feria en el proceso colectivo “Observatorio” y los casos promovidos por Jorge Rizzo y el CELS. En ese marco, el fiscal El fiscal Miguel Ángel Gilligan, ahora sugirió que se debe habilitar la feria en esa causa y la decisión pasó a depender del juez Enrique Lavié Pico. En horas de la tarde de hoy, el magistrado habilitó el trámite pero denegó que los expedientes se tramiten como un amparo colectivo, por lo que las causas laborales seguirán su trámite en la justicia de Trabajo.
Con el nuevo escenario, la única opción para el Gobierno es la intervención de la Corte Suprema de Justicia. Cabe recordar que el máximo tribunal había aceptado el tratamiento pero luego de la feria judicial de enero, algo que términos políticos, fue leído como un tiempo para que oficialismo y oposición intenten encausar la discusión por las vías legislativas.
