Con una Provincia que está cerca del equilibrio primario aunque apremiada por el pago de una deuda nominada en dólares que asfixia en épocas de arcas vacías, María Eugenia Vidal arrancará esta semana en Diputados una dura negociación para la aprobación de un Presupuesto 2019 que combina dos puntos que anticipan fuerte debate con la oposición: alto endeudamiento, y mayor carga impositiva.
La Provincia le puso el hombro al ajuste macrista en el Presupuesto nacional. No fue una concesión de Vidal, que sigue reclamando compensaciones. Fue la consecuencia de lo que negoció el macrismo para ganarse el respaldo al fuerte ajuste que impulsa, cuando escasea apoyo por pertenencia partidaria en el resto de las provincias.
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Se supone que el Presupuesto que enviará Vidal rondaría los $855 mil millones, una suba promedio del 36% en comparación con el actual de $630 mil millones. El porcentaje, desprovisto del contraste inflacionario, engaña. Si la inflación de este año araña el 50%, como anticipan varias consultoras privadas, en los hechos, el incremento será inferior. En otras palabras: Vidal dispondrá de menos recursos en términos reales para encarar un año electoral. Por eso la distribución de la miseria será central.
Durante 2019 la Provincia tendrá que hacer frente al pago de intereses de deuda por u$s2.200 millones. No tiene Plan B para afrontar ese compromiso que no sea aumentando el pasivo. Casi una marca distintiva del modelo de gestión de Cambiemos. Deuda, por más deuda. Sobre todo cuando, en contexto de crisis, no hay más alternativa para honrar esos vencimientos, que con mayor endeudamiento.
El Proyecto que será presentado en privado ante legisladores del oficialismo en una reunión prevista para este lunes las 16hs en Capital, algún rato antes de formalizar su entrega en la Cámara, prevé un endeudamiento de $100 mil millones. Más deuda, para pagar deuda. Casi la cantidad de pesos que la Provincia necesitará para cubrir los u$s 2.200 millones que vencerán de intereses. Un permiso que aunque salga aprobado, no garantiza tranquilidad. Después hay que colocarla.
No será una negociación fácil para Vidal. La oposición supo en años anteriores sacar alguna ventaja de la aprobación del permiso de deuda, como cuando negoció la creación de un fondo especial para que los intendentes manejen obras propias, y mejoren cuestiones vinculadas a la seguridad.
La reforma fiscal y la pauta salarial: frentes de conflicto
El otro punto que se anticipa conflictivo será la aprobación de la nueva Reforma fiscal. El Ejecutivo acompaña cada año el proyecto de Presupuesto con una propuesta para reformular el esquema de impuestos en la Provincia. Es lógico: Hay que sostener el primero, en parte con lo que genera de recaudación el segundo.
Tendrá que lidiar el oficialismo para justificar la suba que, según trascendió, pretende aplicar para Inmobiliarios Urbano y Rural. Sobre todo porque son dos cargas que ya sufrieron una fuerte suba en 2018. En el contribuyente, el porcentaje de incremento depende, se sabe, del tenor de la base de cálculo. En un impuesto depreciado, la proporción de la suba no asusta tanto como la aplicada a una carga fiscal renovada. En la Provincia el Inmobiliario rural y urbano se actualizó 50% y 56% respectivamente este año, fruto de un sinceramiento de la valuación fiscal.
Hay además una fuerte carga simbólica en cualquier suba impositiva que no le escapa a la realidad económica vigente. Sobre todo porque lo que completa el círculo de la presión impositiva que establece la reforma tributaria, es, finalmente, la capacidad de pago de los contribuyentes. Con ingresos que subieron por la escalera, se quedaron un par de pisos debajo de la inflación y, para colmo, fueron duramente golpeados por una salvaje suba en el costo de los servicios básicos, la gente no verá con buenos ojos los porcentajes de suba que pretende imponer el oficialismo en la Provincia.
La versión que circuló en los últimos días ubica la suba del inmobiliario alrededor del 40%. Algunos incluso hablan de una banda que va del 50 al 55%, algo más cercano al “igual que este año” que dejaron trascender algunas fuentes oficiosas durante la semana. Cualquiera sea la versión final, incluso la que promete una menor presión impositiva, de todas formas el Inmobiliario crecerá, otra vez, por encima del cálculo de suba salarial previsto para 2019.
Los sueldos son el otro punto de conflictividad que anticipa el proyecto de Presupuesto bonaerense. La gestión de Scioli se sacó esa presión del medio eliminando directamente la “pauta salarial” de sus proyectos de Ley de Leyes. La excusa fue que “fijaba un techo” a las expectativas, y ensuciaba la negociación. Vidal restituyó esa proyección y contempla, como en el caso del Presupuesto Nacional, un incremento salarial del 20%. Un cálculo que refleja, al menos en el campo de la expectativa del Gobierno, otra pérdida de Poder adquisitivo de los trabajadores.
En el escenario más optimista, la inflación prevista por el Gobierno nacional para 2019 se ubica en torno al 23%. Aún si lograra lo que hasta ahora no pudo concretar la Nación, mantener domada la inflación para acercarla a sus cálculos presupuestarios originales, la pérdida sería de 3 puntos. Ni los cálculos de los primeros tres años de gestión –todos errados- ni su principal aliado, el FMI, que anticipa una inflación de 32% para 2019, lo ven posible.
La Provincia confesará formalmente mañana que al menos en sus pronósticos, el próximo año los estatales volverán a perder frente a la inflación. Un calco a lo que pasó durante 2018, cuando sacó de la negociación la ‘cláusula gatillo’, el reaseguro de paridad que el propio Ejecutivo había patentado un año atrás. La administración Vidal deberá afrontar otra negociación salarial complicada con los gremios del sector público, con el condimento de un año electoral que siempre pone en desventaja al Ejecutivo, apremiado por sus propias necesidades, en la mesa de discusión.
Sumergida en una casi segura postulación para revalidar su propio mandato 4 años más, Vidal proyectará distribuir la miseria en partidas redituales para su deseo reeleccionista: el Gasto Social y la Obra Pública. En parte habrá más obras financiadas por la Nación, como parte de la compensación de los $19 mil millones que reclama la Provincia por el monto perdido del fondo que corrió el desfasaje del Fondo del Conurbano.
La negociación con la administración central se enmarca, además, en la poda a los subsidios nacionales para cubrir servicios que se prestan en Provincia y que deberá, ahora, financiar la Gobernación. Son $40 mil millones en total incluyendo los subsidios al transporte; el costo de la tarifa social y del Agua, además del recorte del fondo sojero.
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