Dirigentes de entidades del campo como Federación Agraria, Carbap y Coninagro, desde el espacio que conforman la UCR y Cambio Federal presentaron un proyecto para crear fiscalías especializadas en la resolución de los diversos delitos rurales en la Provincia de Buenos Aires.
La iniciativa de la diputada Silvina Vaccarezza busca, en concreto, crear Unidades Fiscales de Investigación y Juicio especializadas en Delitos Rurales y Delitos Conexos en el ámbito del Ministerio Público. En este plano, señalaron que no implica la creación de nuevos cargos, sino que capacita al personal que ya trabaja en la Justicia.
Según planteó la autora, la iniciativa “viene a dar respuesta al incremento en los delitos rurales, situación que obliga a generar una respuesta institucional y adaptar el entramado organizacional y judicial provincial para lograr una mayor eficacia en prevenir y sancionarlos”.
La propuesta recibió el visto bueno de legisladores del PRO, de los dos sectores radicales, de los libertarios dialoguistas de Unión, Renovación y Fe e incluso de algunos diputados de Unión por la Patria que acompañaron la presentación, como los renovadores Juan Malpeli y Carlos Puglelli.
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“El trabajo con las patrullas ha sido exitoso, en materia judicial es más complejo. No critico a los fiscales, pero vemos que no tienen el conocimiento exacto de cómo es el delito rural. Hay protocolos para los diversos delitos, pero ante los rurales no saben cómo actuar”, planteó el titular de Carbap, Horacio Salaverri.
A su turno, Claudio Angeleri de la Federación Agraria, señaló que la propuesta servirá “para poder solucionar el problema, dado que el delito rural ha crecido” y ratificó las dificultades actuales de la Justicia para dar respuesta a estos delitos.
“Se agrava la seguridad de las personas de la ruralidad. Esto pone de manifiesto poder buscar una solución y hacer eficientes prevención y sanción”, planteó Vaccarezza. “De 2023 a 2024 más de un millón de investigaciones por estas causas, estos es un 12% más que el año anterior”, añadió.
De avanzarse con esta propuesta, se implementará de forma gradual, en base a índices de conflictividad y litigiosidad. La idea es instalarlas en los distritos judiciales tengan alta demanda. Las Unidades tendrían en cuenta las denuncias nuevas, sino también otros trámites anteriores.
