El Colegio de Kinesiólogos de la Provincia de Buenos Aires (CoKiBA) puso en marcha un sistema de matrícula digital que permitirá a los pacientes comprobar en tiempo real si el profesional que los atiende está habilitado. La credencial podrá ser exhibida desde un celular o dispositivo electrónico y, además, contará con un código QR escaneable que lleva directo al registro oficial.
“Esta herramienta permite que el paciente sepa en el momento, antes de iniciar un tratamiento, si su kinesiólogo está matriculado y sin sanciones disciplinarias”, explicó el presidente del CoKiBA, Pablo Dolce. También los centros de salud podrán chequear la validez de los profesionales antes de contratarlos.
El problema de los falsos kinesiólogos
La medida responde a un escenario preocupante: en los últimos años se multiplicaron las denuncias contra personas que se presentaban como ‘auxiliares’ o ‘asistentes’ de kinesiología, pero que no estaban habilitadas para realizar prácticas en pacientes, incluso de alta complejidad. Según datos del CoKiBA, entre 2022 y 2024 se abrieron 14 expedientes por intrusismo, muchos derivados al Ministerio de Salud bonaerense para sanción y clausura.
Algunas empresas de internación domiciliaria fueron señaladas por contratar estudiantes, profesores de educación física o personas con cursos exprés de rehabilitación, generando tratamientos inadecuados y riesgos para la salud. “Estamos hablando de una práctica ilegal y peligrosa”, advirtieron desde la Comisión de Control del Ejercicio Profesional.
Denuncias, fiscalizaciones y cambios en universidades
El colegio viene complementando esta herramienta digital con inspecciones conjuntas junto al Ministerio de Salud en distritos como Merlo, Marcos Paz, Lomas de Zamora, Avellaneda y Lanús. Además, logró que la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR) modificara un título intermedio de su carrera de Salud Comunitaria que inducía a confusión y fomentaba el intrusismo.
Desde la institución también plantearon la necesidad de revisar el Decreto 3091/97, que regula la habilitación de consultorios, para fortalecer los controles. “No se trata solo de defender la profesión, sino de proteger a la población de prácticas que ponen en riesgo la recuperación y la vida de los pacientes”, subrayó Dolce.