La sesión de este miércoles en la Legislatura dejó una extensa ronda de exposiciones de diputados y diputadas sobre el Presupuesto y la Ley Impositiva 2025, con posicionamientos que recorrieron desde apoyos condicionados hasta rechazos abiertos. El debate estuvo atravesado por un hecho político relevante: en el Senado, la vicegobernadora y presidenta del cuerpo, Verónica Magario, dispuso -como es habitual- cerrar el palco de prensa, por lo que los medios debieron seguir la sesión desde la transmisión oficial.
La propia Magario, además, se retiró antes de la exposición del presidente de la Comisión de Presupuesto, Marcelo Feliú, dejando la conducción en manos del vice, Luis Vivona. Un contraste marcado con lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, donde se garantizó pleno acceso y atención a los trabajadores y trabajadoras de prensa.
En Diputados, los bloques expusieron sus posturas durante un debate extenso que dejó en claro los matices internos de la oposición y las defensas del oficialismo. Desde la izquierda, los libertarios, el PRO, los radicales, los bloques vecinales y Unión por la Patria, se sucedieron argumentos sobre la situación fiscal, el impacto del ajuste nacional, la coparticipación, la presión impositiva y las prioridades de gasto.
LA IZQUIERDA MUY DURA CON EL PRESUPUESTO
La diputada del PTS-Frente Izquierda Unidad, Laura Cano Kelly, cuestionó el tratamiento del presupuesto bonaerense y advirtió que la discusión legislativa está desconectada de las necesidades reales de las y los trabajadores. Señaló que “el proyecto no contempla el pase a planta de más de 10 mil empleados del Ministerio de Salud, ni medidas contra la precarización laboral, ni una recomposición salarial que recupere lo perdido en los últimos años”. La legisladora sostuvo que “el paquete de Presupuesto, Ley Impositiva y financiamiento conforma un esquema regresivo que no ofrece soluciones para las familias trabajadoras y mantiene una estructura impositiva injusta”.
Además, Cano Kelly enmarcó el debate en el contexto nacional de ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei, denunciando “el deterioro en salud, educación y programas sociales, así como la profundización del endeudamiento”. Luego, cuestionó que parte de los recursos solicitados por la Provincia estén destinados a pagar obligaciones como la deuda tomada en tiempos de María Eugenia Vidal, a la que calificó como “una estafa”. Por estos motivos sostuvo su voto en contra del paquete de leyes.
Su compañero de bloque, Ariel Moreno, cuestionó que el proyecto de Presupuesto “declara la emergencia económica” para permitir que el Ejecutivo “redirija partidas discrecionalmente”, mientras aplica un ajuste derivado del “ahogo presupuestario del gobierno nacional”. Señaló que el impacto recaerá sobre los trabajadores, con salarios que en seis años “perdieron un 32% del poder de compra” y con una precarización que “se profundiza”. Criticó que “no se plantea la emergencia salarial ni la emergencia laboral”, ya que el proyecto no prevé recomposición para empleados estatales ni medidas para frenar despidos y suspensiones. También denunció el respaldo de las conducciones sindicales al presupuesto, al afirmar que “apoyan un presupuesto que ajusta a los trabajadores”.
Moreno fundamentó su rechazo con ejemplos de distintos sectores afectados: trabajadores de la salud con “salarios de hambre” y becarios que son más de 20 mil; docentes que denuncian falta de infraestructura y sueldos que no alcanzan; y reclamos del Astillero Río Santiago por fondos para su reactivación. Señaló además que en la provincia “cerraron casi 6.000 establecimientos con 170.000 trabajadores sin empleo” sin que el gobierno prohíba despidos de empresas con ganancias millonarias. El diputado sostuvo que el presupuesto “no contempla ninguno de estos problemas” y reafirmó que la única salida es “la movilización de los trabajadores para enfrentar el ajuste que exige el FMI y acompaña la Provincia”, por lo que adelantó su voto en contra.
LA COALICIÓN CÍVICA RECLAMÓ MAYOR CONTROL LEGISLATIVO
La diputada de la Coalición Cívica, Romina Braga, advirtió que el debate presupuestario debe leerse en un contexto global donde “la ciudadanía empieza a medir por resultados, no importa si lo hace una democracia o un sistema autoritario”, lo que —dijo— obliga a reforzar la capacidad de respuesta del Estado. Señaló que el presupuesto es un instrumento central para recuperar esa legitimidad y cuestionó que la Provincia siga “muy lejos de poder hacerlo”. Planteó que el proyecto “carece de algunas acciones” y reclamó mayor control legislativo: “En varios artículos hay facultades delegadas que no deberían ser potestades del Ejecutivo”.
Braga también objetó aspectos de la Ley Impositiva, al afirmar que el proyecto “sigue sin entender qué necesita realmente el bonaerense” y que las atribuciones de ARBA siguen siendo “demasiadas”. Reiteró críticas históricas de su espacio al impuesto inmobiliario complementario, al considerar que “carga dos o tres veces al mismo bien” y no mejora la equidad. Además, calificó como regresivo el impuesto a la transmisión gratuita de bienes y volvió a pedir una reforma fiscal integral. Por último, alertó sobre la creciente dependencia provincial de Ingresos Brutos, que en 2025 representará “el 76% de la recaudación”, un esquema que —advirtió— “encarece la producción y termina en el precio final”.
SOMOS ACOMPANÓ CON DISCREPANCIAS
El diputado Matías Civale, jefe del bloque SOMOS, justificó el acompañamiento de su bloque al Presupuesto al destacar que “aún un mal presupuesto es mejor que no tenerlo”, porque le da previsibilidad al gobierno provincial, a los municipios y a todos los bonaerenses. Señaló que su apoyo se debe a que el Ejecutivo y el oficialismo “receptaron propuestas” de la oposición y a la necesidad de llegar a consensos en un contexto crítico, con “más de 5.000 empresas cerradas en dos años”, en su mayoría pymes. También valoró la actualización de la base de Ingresos Brutos y la reducción de algunas alícuotas, y remarcó que su espacio está dispuesto a acompañar al gobernador en una discusión de fondo sobre la coparticipación: “No podemos seguir aportando el 40% y recibiendo el 6%”.
Civale subrayó como un avance central la modificación sobre el tributo que grava la tarifa eléctrica, un planteo realizado por su bloque y aceptado por el Ejecutivo. Explicó que el impuesto provincial del 6% destinado a financiar el alumbrado público “no contemplaba el transporte o peaje”, lo que generaba una competencia desigual tras la desregulación nacional: grandes usuarios que pasaban al mercado mayorista dejaban de tributar ese 6%, y los municipios —especialmente los atendidos por cooperativas— perdían ingresos claves. “Hay casos en que los municipios llegaron a perder hasta el 40% de lo que recibían”, afirmó. Por eso celebró que el cambio fuera incorporado, al considerarlo un ejemplo de cómo mejorar la ley y de por qué su bloque decidió acompañar el Presupuesto.
VCCAREZZA LAMENTÓ LA FALTA DE DIALOGO
La diputada Silvina Vaccarezza (UCR-Cambio Federal), vicepresidenta de la Comisión de Presupuesto e Impuestos, abrió su postura remarcando que a su bloque le “hubiera gustado reunirnos con ministros y con el director de ARBA para canalizar dudas”, ya que la exposición oficial no permitió un ida y vuelta. Aun así, celebró que después de un año de prórroga “estemos tratando esta herramienta tan importante para el Ejecutivo”, porque muchos bonaerenses “terminaron pagando impuestos de más”. Expuso el cuadro fiscal provincial con datos precisos: la provincia recauda “casi un 50% por coparticipación” y el otro 50% por impuestos propios como Ingresos Brutos, que representa “el 76% de esa torta”. También detalló que el 92,7% del gasto se destina a gastos corrientes, con “39,6% en personal, 26,8% en transferencias y un 16,14% para los municipios”.
Vaccarezza advirtió que, más allá de los números, la Provincia arrastra “un gran déficit de estructura” en salud, educación, seguridad, infraestructura y producción, agravado en su sección por las inundaciones que afectan a los productores agropecuarios. Por eso sostuvo que el Ejecutivo necesita una ley fiscal, pero con “orden en los números” y “límites claros”. Su bloque pidió “bonificaciones, alícuotas reducidas” y alivio para sectores vulnerables, y reclamó que esas propuestas sean tomadas en cuenta. La diputada cerró su intervención destacando “la importancia del diálogo, el trabajo de la Legislatura y lograr consensos” para brindar al Ejecutivo una herramienta sin “poner palos en la rueda”, siempre “equilibrando gestión y el bienestar de los bonaerenses”.
GARCIARENA PUSO LA LUPA SOBRE LOS MUNICIPIOS
El diputado Diego Garciarena, UCR-Cambio Federal sostuvo que su bloque acompañará en general el Presupuesto y la Ley Impositiva, aunque dejarán asentadas por nota varias discrepancias y votaron en contra por nota en algunas cuestiones. Defendió la necesidad de mirar el impacto sobre los municipios y reafirmó la postura autonomista: “El ciudadano al primer mostrador que recurre es al municipio… por eso es nuestra responsabilidad garantizar que cuenten con recursos y herramientas”. Valoró acuerdos alcanzados con el Ejecutivo, como limitar la emergencia económica hasta el 31 de enero de 2027 sin facultades de prórroga por decreto, pero remarcó que aún quedan puntos sensibles sin resolver, entre ellos la falta de avances en la creación de una Oficina de Presupuesto en la Legislatura, que consideran clave para decidir con información actualizada.
En materia impositiva, Garciarena advirtió que mantienen diferencias en cuestiones centrales. Señaló que el impuesto a los baldíos “no puede quedar sin tope” y reiteró que la potestad tributaria “es exclusiva del Poder Legislativo, vedada totalmente al Ejecutivo”, por lo que rechazan ceder atribuciones en las bonificaciones por buen cumplimiento o pago electrónico. Destacó, no obstante, avances logrados por su bloque, como elevar del 40% al 60% el tope de facturación para acceder a la alícuota reducida de Ingresos Brutos, lo que permitirá incluir a más contribuyentes. También celebró reducciones impositivas para sectores productivos como la industria cervecera y del papel, al considerar que otorgan “un incentivo necesario en un contexto de consumo en crisis”.
CASTELLO CONTRA LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
El diputado Guillermo Castello, único libertario que se animó a hablar en la sesión, fundamentó su rechazo al Presupuesto al afirmar que el gobierno de Axel Kicillof “nos presenta un presupuesto deficitario” que “solo cierra con endeudamiento”, lo que implica “endeudar a las futuras generaciones de bonaerenses para pagar gasto corriente”. Criticó además que el proyecto esté atravesado por políticas de género: “Nos presenta un presupuesto con perspectiva de género… para nosotros es suficiente para votarlo en contra”. Cuestionó el diagnóstico del Ejecutivo, al señalar que Kicillof describe un escenario “apocalíptico” con cierre de empresas, caída del turismo y un supuesto “industricidio”, pero que frente a eso propone como respuesta destinar “1,7 millones de pesos en políticas con perspectiva de género” y hasta “la construcción de tres barrios con perspectiva de género”, mientras —según Castello— quedan en segundo plano problemas como inseguridad, salud, educación e infraestructura.
Castello sostuvo, mientras el hasta ahora jefe de bloque el tuitero Agustín Romo, que en el proyecto “está ausente la perspectiva del ciudadano común” y “la perspectiva del contribuyente”, al considerar que la Provincia mantiene impuestos “confiscatorios” y una estructura estatal “kafkiana, laberíntica, burocrática e irracional”, con organismos y funciones duplicadas. También advirtió que la declaración de emergencia económica funciona como “un cheque en blanco a la discrecionalidad del gobernador”, al permitirle sortear plazos y controles. Señaló que el Presupuesto se basa en “un diagnóstico equivocado de la realidad” y que sus prioridades resultan incorrectas. Por eso, anticipó el voto en contra de su bloque: “Vamos a votar en contra porque este presupuesto va a contramano del equilibrio fiscal que propone el gobierno nacional y porque parte de premisas falsas, y cuando las premisas son falsas, las conclusiones son incorrectas”.
PARA EL PRO EL PRESUPUESTO ESTÁ ALEJADO DE LA GENTE
El diputado Matías Ranzini, jefe de la banca del PRO, cuestionó que el Presupuesto y la Ley Impositiva lleguen “muy alejados de la gente” y sin tomar nota del mensaje de las últimas elecciones. Sostuvo que “lo único que se le ocurre al gobernador es aumentar impuestos”, salvo “una cuestión y media” en la que el PRO logró incidir: la baja de la alícuota a la industria cervecera y una modificación vinculada a ingresos brutos para bancos. Señaló que mientras el país “eligió un rumbo para derrotar la inflación y volver a los mercados”, la Provincia “carga siempre al privado”, incluso a “trabajadores informales que usan billeteras virtuales” sobre quienes —denunció— se aplican retenciones injustas. También criticó la decisión de mantener el 10% adicional para horas extras policiales pagadas por privados, y planteó que si el gobernador quiere un fondo para patrulleros “es preferible que empiece a echar militantes de los puestos que sirven a su proyecto presidencial”.
Ranzini enumeró una serie de pedidos del PRO que, según dijo, el Ejecutivo no atendió: la derogación de retenciones a billeteras digitales, una condonación parcial para campos productivos de la cuarta sección, la eliminación de la sobrealícuota a cargas y descargas en puertos —que “resta competitividad” y afecta a los municipios portuarios— y la supresión del artículo 99 de la ley fiscal, al que calificó de “totalmente demencial”. Afirmó que este Presupuesto demuestra que “los que realmente están aguantando la situación son los municipios”, responsables de suplir falencias provinciales en salud y seguridad, mientras “los grandes olvidados son los municipios opositores”, especialmente los del PRO, que —según Ranzini— son “permanentemente discriminados” en obra pública y financiamiento. Por eso, concluyó: “El PRO marca la negativa a estos proyectos”.
CERRADA DEFENSA DE PULTI AL PRESUPUESTO
El diputado Gustavo Pulti, kicillofista dentro de Unión por la Patria, destacó que la Legislatura bonaerense avanzó en “un paso importante” con la aprobación de dos de las tres leyes solicitadas por el Ejecutivo, al considerar que se trata de “herramientas de gestión completamente normales, sensatas y habituales”. Remarcó la “buena voluntad” tanto de bloques opositores como del propio gobierno provincial, que —según dijo— “abrió todas las puertas posibles para alcanzar acuerdos”, y sostuvo que si el financiamiento aún no está sancionado “no es por falta de diálogo”.
En su defensa del presupuesto, Pulti insistió en poner el debate en contexto y describió la situación fiscal bonaerense: “La provincia aporta el 38% de los ingresos fiscales del Estado nacional y recibe apenas el 6,8%”, afirmó. Subrayó que Buenos Aires es “la provincia que más invierte en educación y cultura, la que menos empleados públicos tiene cada mil habitantes y la que menos gasto público por habitante registra en todo el sistema federal”. También cuestionó a quienes acusan al gobierno de Kicillof de impulsar “ejércitos militantes”, y les respondió: “Hablan sueltos de boca sin saber de qué hablan”.
Pulti además recordó el impacto del recorte nacional: “La provincia ha sufrido una quita ilegítima, arbitraria y antifederal de 12,9 billones de pesos, el equivalente a 8.700 millones de dólares”, señalando que esa cifra “triplica el crédito que hoy se pide autorizar”. Reivindicó el criterio de reparto que propone el Ejecutivo al afirmar que “no hay voluntad de discriminar municipios”, ya que se utiliza el Código Único de Distribución. Y cerró apelando a que la Legislatura complete el paquete fiscal: “Damos un paso hacia la normalidad institucional. Falta la tercera herramienta (financiamiento) para que la provincia siga haciendo rutas, escuelas y hospitales en un país donde el gobierno nacional ya no hace obra pública ni compra medicamentos oncológicos”.
EN EL SENADO SOLO HABLÓ FELIÚ
El senador Marcelo Feliú (UP), presidente de la Comisión de Presupuesto del Senado, abrió su intervención destacando la importancia institucional de que la provincia “cuente con recursos fundamentales para poder adelantar su gestión”, después de años sin un presupuesto aprobado. Señaló que la falta de esta herramienta generó “complicaciones” y “distorsiones”, y valoró que la Legislatura esté corrigiendo esa situación: “Parece una verdad de perogrullo, pero lleva unos años sin presupuesto”, remarcó.
En su repaso técnico, Feliú subrayó que el proyecto se formula en un contexto adverso. Recordó que la provincia “está en una situación de emergencia” por la caída de recursos del 6,3% respecto de 2023 y por las transferencias que el Gobierno nacional “no ha realizado”, por un total de 13 billones de pesos que hoy están judicializados. Aun así, destacó que el presupuesto prevé “una inversión en obra pública del 7,3% del gasto total”, casi el doble que en 2019. También detalló que el cálculo de gastos asciende a 43 billones de pesos, con recursos por 41,5 billones y un déficit primario de 0,5 billones. Y marcó que se proyectan importantes montos de inversión en áreas clave como políticas sociales (1,7 billones), salud (1,7), educación (1,3) y seguridad (1,4), además de 5,5 billones de transferencias automáticas para los municipios.
Feliú también defendió la ley impositiva aprobada en paralelo, al afirmar que “no hay un incremento de la presión tributaria” y que el objetivo es “reducir distorsiones y fortalecer la equidad”. Precisó que no habrá cambios en las alícuotas de Ingresos Brutos y que el inmobiliario se actualiza “sin aumentar la carga real”, con topes asociados al IPC y la eliminación de cuotas adicionales. Sobre automotores, remarcó que “habrá una rebaja nominal en la patente” que beneficiará al 75% de los contribuyentes, ubicando a la provincia “entre las jurisdicciones con menor imposición” en esa materia. Finalmente agradeció el acompañamiento legislativo y pidió completar el paquete fiscal: “Son herramientas fundamentales que esperamos se complementen con la ley de financiamiento que está en Diputados”.
