Esta noche, el presidente Javier Milei, realizará una cadena nacional para explicar los alcances del “súper decreto“, que modifica cientos de leyes y que lanzará la desregulación económica. Se prevé que la norma abra las puertas de las privatizaciones, retroceda en la injerencia del Estado sobre la economía e imponga cambios en materia laboral, por eso desde la oposición emitieron 4 “alarmas” al respecto.
La exsecretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, fue quien se expresó al respecto y, como primer caso, señaló que “la Constitución Nacional (CN) autoriza DNU para circunstancias excepcionales de necesidad y urgencia. Si un DNU deroga 300 leyes y modifica otras tantas el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) se arroga facultades legislativas vedadas. Es un avasallamiento a la división de poderes”.
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“Si se dicta el MEGA-DNU anunciado nos encontraremos ante una decisión inconstitucional, antirrepublicana y que inicia un camino de autoritarismo que nos debe causar una profunda alarma”, aseveró.
Malena y Sebastián Galmarini cruzaron a Ritondo tras su queja por la página del padrón
Sebastián Galmarini desmintió en X a Cristian Ritondo, que había denunciado una caída de la web para consultar el padrón durante las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Malena Galmarini también se sumó al cruce con ironía.
La segunda alarma que marcó Ibarra tiene que ver con que “para dictar cualquier DNU el Ministerio competente inicia expediente y confecciona el proyecto con los informes técnicos y el dictamen jurídico correspondiente”, ya que si la decisión involucra diversas áreas del gobierno, todas ellas deben intervenir.
En este orden, señaló que luego la Secretaría Legal y Técnica analiza que esté correctamente confeccionado, que sea legal y que el presidente tenga las facultades constitucionales para dictarlo. “Esto se plasma en un informe de la Subsecretaría Técnica y en un dictamen del área jurídica”, dijo Ibarra.
“Todo parece indicar que este mega-DNU habría sido confeccionado por estudios jurídicos privados. Segunda alarma, tan grave como la primera: ¿quién elaboró este DNU? Si fueron estudios jurídicos privados es gravísimo y no puede permitirse ni normalizarse”, señaló la exfuncionaria de Alberto Fernández, quien se preguntó “¿Quién les paga?” y marcó que “como dice el presidente Javier Milei, nada es gratis. Hace a la trasparencia de los actos de gobierno conocer quiénes trabajaron en este DNU para saber si luego son beneficiados por las medidas allí dispuestas”.
“Nos podríamos encontrar ante hipótesis delictivas por corrupción”, determinó. En ese punto, focalizó en que “cada vez que un presidente dicta un DNU debe dar fundamentación suficiente y dictamen jurídico para explicar por qué hay necesidad y urgencia que impiden esperar el tiempo que demanda la sanción de una ley”.
La exfuncionaria aclaró, además, que en el mega-DNU anunciado “se debería fundamentar puntualmente respecto de cada ley que se deroga o se modifica el porqué de la urgencia y la necesidad, conforme lo exige el artículo 99 inc. 3 de la Constitución” y postuló que en el DNU “no está previsto para modificar o derogar normas de fondo. Aun durante la pandemia, cuando ello debió hacerse por necesidad y urgencia, se trató de normas temporales. Para derogar o modificar leyes está el Congreso”.
En la cuarta alarma señaló que “las 600 leyes que quieren derogar o modificar rigen nuestra la vida hace muchos años” y concluyó: “Solo el autoritarismo más antirrepublicano puede avasallarlas en un DNU. Habrá responsables“.
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