La UCR y hasta el PRO quisieron declarar “servicio público” a las telecomunicaciones

El DNU que anunció anoche el presidente Alberto Fernández y se publicó hoy en el Boletín Oficial, que establece la telefonía celular y fija, a los servicios de internet y a la TV paga como servicios públicos esenciales, generó una enorme controversia y el rechazo de dos pesos pesados de la oposición.

Sin embargo, el archivo indica que en 2014 la Unión Cívica Radical ya había impulsado un proyecto similar, de la mano del entonces senador Gerardo Morales y la diputada Gladys González. El que lo reconoció fue el actual senador radical, Julio Cobos. “Desde hace años venimos insistiendo con esto. Es razonable que si la telefonía fija es un servicio público, también lo sea la telefonía celular por el impacto social que tiene”, indicó el senador.

La pandemia de covid-19 y la obligación de adaptar la forma de vida a un encierro producto del distanciamiento social puso de manifiesto aún más lo necesario que es tener internet. En ese sentido, el Gobierno avanzó en la declaración como servicio básico.

A diferencia del enfoque de Alberto Fernández, la propuesta del radicalismo hacía foco en otro de los problemas: La relación precio/calidad del servicio. “Los altos precios no han garantizado un buen servicio. Las quejas de los usuarios en las oficinas de Defensa del Consumidor indican todo lo contrario: el servicio es malo, y las empresas no responden por ello”, había indicado Morales. “El servicio de telefonía móvil de la Argentina ha demostrado en los últimos años ser uno de los peores y más caros del mundo”, concluyó entonces.

El proyecto de ley presentado en 2014 por la diputada del PRO, Gladys Gonzalez

Y tenía razón. Desde 2011, año a año telefonía, internet y cable encabezan las denuncias en Defensa al Consumidor por problemas en el servicio o en la facturación. Sólo en 2018 bajaron las denuncias y, paradójicamente, fue celebrado por Clarín quien reconoció el “trabajo en conjunto” con el ENACOM. Hoy el Grupo Clarín es uno de los principales damnificados con el decreto presidencial, ya que administra los principales holdings de telecomunicaciones locales: Personal, Telecom, Fibertel y Cablevisión.

Beneficiado por la cuarentena, Cablevisión Holding reportó ingresos por $131.158 millones los primeros seis meses del año, repartidos en un 37,7% de ingresos por Personal, 21,6% por el internet de Fibertel, otros 20,1% de Cablevisión y 15,3% de telefonía fija. Estos ingresos le reportaron una ganancia de $2.774 millones el primer trimestre y $2.161 millones en el segundo.  El DNU le brindará más herramientas al Gobierno para regular los precios a través del ENACOM, y limitará las ganancias del holding que encabeza Héctor Magnetto, un hombre con larga historia y polémica con el kirchnerismo.

El año pasado, a pocos días de asumir, Alberto le había pedido a Magnetto una tregua. “No podemos seguir perdiendo el tiempo peleándonos entre nosotros, es una lucha que tenemos que tomar todos, los empresarios, el campo, mi Gobierno y los medios, Héctor… lo tienen que hacer todos”, le había dicho en un almuerzo de la  Asociación Empresaria Argentina (AEA). Hace unos días trascendió que Telecom, también del Grupo Clarín, invirtió fuertemente en el dólar “Contado con Liqui” (CCL) logrando que cotice en alza. Inmediatamente, el Ejecutivo nacional respondió con el DNU.

Uno de los flyers con los que el Radicalismo impulsó la propuesta en 2014. Entonces no fue aprobada.

Esta vez, ni Morales ni Gladys González se pronunciaron públicamente como lo hizo Cobos. El DNU una vez más ensanchó la grieta dentro de Juntos por el Cambio entre el radicalismo y el ala PRO. La presidenta del partido fundado por Mauricio Macri, Patricia Bullrich, criticó duramente el decreto y comparó una vez más al país con Venezuela.

“Hay una línea que se mantiene y profundiza. Con Vicentín quisieron tener una empresa testigo para garantizar la ‘soberanía alimentaria’. Con la reforma judicial buscan ‘democratizar la Justicia’. Acá encontraron un atajo para garantizar la ‘soberanía tecnológica’, y posiblemente se genere el efecto contrario: es de creer que las compañías de telecomunicaciones reduzcan la inversión en el país si se les restringe la relación comercial”, manifestó la ex ministra de Seguridad nacional.

También en esa línea el que puso los puntos fue el ex presidente de la Cámara de Senadores y fugaz Presidente de transición, Federico Pinedo, quien increíblemente confundió servicio público con estatización: “Los precios de celular los pueden controlar por la emergencia que les votamos. No necesitan declarar Internet como servicio público de titularidad estatal, que es una barbaridad“, manifestó a través de las redes sociales y alimentó las críticas por su error de concepto.

El Gobierno no pretende estatizar las telecomunicaciones. Sí el de avanzar con las herramientas para regular el mercado y que sea más claro. Así lo explicó en “Feudale Café”, con Marcela Feudale, por LA CIELO 103.5 FM.  la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcolm.

“Hoy por hoy, tener internet y poder pagarlo y tenerlo a disposición es la puerta a la educación que no podemos tener presencialmente en el contexto de pandemia. Es la puerta a cierto trabajo, cierta producción. A un consumo cultural que tampoco podemos tener en otro lado. Pero además, y fundamentalmente, es la puerta a la comunicación a los seres queridos que tampoco podemos ver  ni nos podemos juntar. Entonces son derechos inalienables que el Estado tiene que garantizar“, manifestó.

El Gobierno pateó el tablero con el anuncio sorpresa, y puso en agenda el acceso a internet como un derecho. “Lo que pone de manifiesto la pandemia es que hay servicios y hay consumos que son fundamentales, de hecho la ONU los ha declarado como derechos fundamentales, que hoy se ponen en manifiesto y se ponen en primera plana de la necesidad”, indicó Sánchez Malcolm.

La recepción de la opinión pública fue buena. Y, salvo por Bullrich y Pinedo, la oposición no respondió. Es que todavía no digirió la sorpresa, y temen quedar en offside por la propuesta que impulsó Morales y que a principios de año volvió a impusar Gladys González. Además, el costo político de ponerse del lado de los servicios más cuestionados durante casi diez años consecutivos podría ser alto. Pero la polémica continuará.