El caso del fentanilo contaminado, que ya dejó casi un centenar de muertes y mantiene en vilo al sistema de salud, no solo escala en los tribunales sino también en la política. Mientras el presidente Javier Milei pidió públicamente la recusación del juez Ernesto Kreplak y buscó responsabilizar a gestiones anteriores, la propia interna libertaria dejó expuesta la fragilidad del relato oficial.
En cuestión de horas, la estrategia de culpar al kirchnerismo perdió consistencia. Primero, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quedó enredado durante una entrevista televisiva; después, el ministro de Salud, Mario Lugones, salió a reconocer la labor judicial que el Presidente cuestiona. Una sucesión de declaraciones que desnuda las contradicciones dentro del propio Gobierno.
La escena que incomodó al oficialismo ocurrió cuando Jonatan Viale le preguntó a Sturzenegger a qué se refería con el “fallo de la ANMAT”. El ministro contestó: “A la ANMAT kirchnerista. La ANMAT actual cuando recibe información sobre este tema actúa absolutamente inmediatamente”. Pero enseguida quedó en evidencia el error cuando el periodista le retrucó: “Perdoname, la producción de fentanilo contaminado es de diciembre de 2024”. Sin salida, Sturzenegger solo atinó a responder: “Sí, sí, por supuesto… en realidad el control de los medicamentos…”, y se refugió en explicaciones vagas sobre la imposibilidad de revisar “cada ampolla que entra”.
El cambio de tono llegó poco después de la mano de Lugones. Lejos de insistir con la teoría del “encubrimiento kirchnerista” que repite Milei, el ministro buscó transmitir calma a la población y valoró directamente el trabajo de Kreplak. “La gente puede ir muy tranquila a internarse porque el fentanilo que estaba contaminado, el juez los sacó de mercado”, afirmó, reforzando la legitimidad de la investigación judicial.
De culpar al kirchnerismo a respaldar al juez
La contradicción es evidente: mientras Milei acusa de parcialidad al juez por sus vínculos familiares y exige apartarlo de la causa, uno de sus ministros lo señala como garante de la seguridad sanitaria. Al mismo tiempo, el intento de Sturzenegger de cargar la responsabilidad en una “ANMAT kirchnerista” se derrumbó frente a una fecha que no admite discusión: diciembre de 2024, ya bajo la órbita libertaria.
El relato oficial tambalea justo cuando las familias de las víctimas y el propio tribunal reclaman no politizar la investigación. La Casa Rosada queda atrapada en un discurso que se deshace entre contradicciones internas, mientras el expediente avanza en una etapa clave con pericias médicas y el análisis de la trazabilidad de los opioides adulterados.
