El Gobierno de Javier Milei dio un paso clave hacia el “sinceramiento” del sistema eléctrico que redundará en un fuerte incremento de tarifas a partir de la dolarización de los costos de generación. La medida empezará a regir apenas horas después de las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre.
A través de la Resolución 400/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial, la Secretaría de Energía aprobó las nuevas “Reglas para la Normalización del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)”, que comenzarán a aplicarse el 1° de noviembre. El texto sienta las bases para un esquema de precios más cercano a los costos reales de generación y transporte, lo que —según admiten fuentes del sector— podría derivar en aumentos para los usuarios residenciales y las pymes.
En los considerandos, el Gobierno sostiene que el objetivo es alcanzar “la autosuficiencia económico-financiera del sistema eléctrico argentino” y “promover eficiencia económica, transparencia y sostenibilidad en la operación del MEM”. Según la Secretaría de Energía, se trata de una transición “gradual, ordenada y previsible” hacia un mercado competitivo, con menos intervención estatal y una menor carga de subsidios.
El nuevo esquema introduce varios cambios estructurales. El Artículo 2 redefine la demanda eléctrica en tres categorías: Grandes Usuarios de Distribución (GUDI), Demanda Residencial y Demanda No Residencial, lo que abre la puerta a que las pymes de mayor consumo sean tratadas como grandes usuarios, con precios sujetos a condiciones de mercado.
Por su parte, el Artículo 3 establece la figura de la Generación Asignada, que incluye centrales con contratos vigentes, hidroeléctricas y nucleares. Esa energía se destinará “prioritariamente a la Demanda Estacionalizada”, es decir, a usuarios regulados y hogares. El Artículo 5 crea la categoría de Generación al Spot, integrada por las usinas que venderán su energía a precios de mercado, sin precios regulados. Allí se busca “fortalecer la transparencia en la formación de precios e incentivar inversiones privadas”.
Además, el Artículo 10 introduce el Servicio de Reserva de Confiabilidad Base, que remunera a las plantas térmicas existentes con USD 1.000 por megavatio-mes disponible, y el Artículo 11 crea una versión “Adicional” para nuevas plantas —térmicas, hidráulicas o nucleares— con un incentivo de USD 9.000 por megavatio-mes durante diez años. Ambas medidas apuntan a asegurar la disponibilidad energética y atraer inversiones privadas.
El Artículo 14, en tanto, fija que todos los valores en dólares se convertirán al tipo de cambio oficial del Banco Central, lo que implica una indexación indirecta del costo mayorista de la energía. “Se procura brindar estabilidad y previsibilidad en la remuneración del MEM”, argumenta la resolución.
Aunque la norma no establece los cuadros tarifarios finales, va de suyo que las distribuidoras deberán afrontar costos crecientes en el mercado mayorista y que esa diferencia terminará trasladándose al usuario.
Para los hogares, podría significar un ajuste paulatino en las boletas; para las pymes, un factor más de presión en un contexto de costos dolarizados que aceleraron el cierre de empresas y los despidos. El Gobierno, en cambio, defiende el cambio como un paso “hacia la modernización, competencia y sostenibilidad” del sistema eléctrico argentino.
