Mientras la empresa petrolera YPF negocia para lograr una reestructuración que le allane el camino los próximos años para poder invertir en recuperar la producción, sufrió ataques con el objetivo de tumbar su posición y dificultar el acuerdo.
Entre los que operaron para desestabilizar la posición de YPF en su canje hubo varios ex funcionarios de la gestión anterior, empresarios cercanos y referentes de la oposición. El primer golpe fue instalar que la empresa sería completamente estatizada tras la salida de Guillermo Nielsen.
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“YPF es una empresa privada con 51% de participación estatal que tiene un rol estratégico en el desarrollo energético de Argentina, y así seguirá siendo”, desmintió el ministro de Economía, Martín Guzmán, y desactivó los rumores que hicieron mella en el mercado accionario.
Detrás del vapuleo a YPF en el mercado de cambios internacional aparece la figura del abogado Marcelo Etchebarne, representante local del estudio DLA Piper, que asesora a fondos de inversión como Blackrock, con acciones en la petrolera nacional. Además, es socio de Noah Mamet, el ex embajador norteamericano en Argentina. Desde el Gobierno creen que Mamet tuvo que ver con el golpe a las acciones de la compañía.
Aunque la caída de las acciones hizo mella, la operación no pudo sostenerse y hoy, en la apertura del mercado, las acciones rebotaron casi 7% como “una señal de la buena recepción de las mejoras en la propuesta de canje que presentó YPF, y la apertura de la compañía a escuchar a inversores y generar información confiable”, según indicaron desde la empresa.
Al golpe blando se le suma la crítica de la oposición, que durante la gestión de Mauricio Macri se convirtió en responsable de la importante deuda que arrastra la empresa. Hoy, Elisa Carrió avanzó con profundos cuestionamientos y denuncias sobre “desmanejos” en la petrolera.
No fue la única, desde el diario Clarín, varios ex funcionarios macristas ligados a la administración energética descargaron sus críticas. Juan José Aranguren, histórico presidente de la competidora Shell encabezó los perfiles que denunciaron mediáticamente, en una lista que incluye a Jorge Lapeña, Nicolás Gadano y un ex titular de YPF: Emilio Apud.
De forma curiosa, los que desestabilizan a la energética en la recta final de la negociación con los acreedores son los principales responsables de la crítica situación en la que se encuentra. Apud, sin ir más lejos derrumbó la inversión un 48,5% en apenas tres años, entre 2015 y 2018.
Aranguren, ex Ministro de Energía durante la gestión de Mauricio Macri, se encargó de achicar YPF. Despreció la importancia de la empresa nacional y desde su trato “como una empresa más”, basó su gestión en transferir los recursos energéticos a las empresas privadas de manos amigas: Marcelo Mindlin (Pampa Energía), Nicolás Caputo (Edesur y Central Puerto), y Paolo Rocca (Tecpetrol), a quien benefició con la explotación de gas, entre otros.
Gadano, por su parte, cumplió la función de asesor, pero formó parte de decisión completamente electoral de congelar los precios de los combustibles por 90 días luego de la derrota en las PASO, lo que hundió el desarrollo de Vaca Muerta y la caja de YPF, y no evitó una escandalosa derrota de Mauricio Macri. Hoy, Gadano se rasga las vestiduras por el futuro de la empresa como si nada de eso hubiera ocurrido.
El objetivo de los ataques es que el Banco Central se haga cargo de los aproximados U$D 400 millones que se intentan reestructurar, y condicionar el flujo de pagos de la empresa a futuro. Es que, por resolución del BCRA, las empresas no pueden acceder al MULC y eso le brinda a YPF la posibilidad de tener una posición mejor respecto a sus acreedores.
El interés de que fracasen las negociaciones tiene una doble vara: por un lado, la desestabilización del Gobierno en un año electoral. Por el otro, el brete judicial en el que entraría YPF, que debería ser rescatada por el Gobierno, o entrar en default y comprometer activos claves: Vaca Muerta, las refinerías y los oleoductos.
Pese al empuje, desde la petrolera y desde el Gobierno confían en que las negociaciones llegarán a buen puerto y lograrán destrabar fondos para invertir en la producción y estabilizar las finanzas de la compañía.
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