La política de quita de controles promovida por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ya empieza a mostrar consecuencias graves en materia de salud pública. La Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) —entidad nacional referente de la profesión farmacéutica, creada en 1935 y que agrupa a 19 colegios, círculos, federaciones y asociaciones provinciales— advierte que el marco actual, impulsado por el DNU 70, facilita la circulación de medicamentos ilegítimos, falsificados y adulterados.
En un artículo publicado en su portal, la Confederación que nuclea a profesionales del área destacó que la experiencia histórica, especialmente la de la década del ’90, demuestra que la eliminación de controles no reduce precios, sino que abre la puerta a mafias y redes delictivas que colocan en góndolas, kioscos, supermercados e incluso estaciones de servicio, productos que pueden dañar gravemente la salud o provocar la muerte.
Según la COFA, el vacío regulatorio deja desprotegida a la población más vulnerable y debilita la capacidad del Estado para actuar con rapidez ante situaciones de riesgo sanitario.
Una organización criminal desbaratada
En este contexto, la Justicia desarticuló a una banda conocida como “Los Distribuidores Ocultos”, dedicada a la venta ilegal de cigarrillos y medicamentos sin habilitación, sin facturación y, en muchos casos, de origen fraudulento o desconocido.
El operativo fue resultado de más de tres meses de investigación y contó con la participación de la DDI Dolores, la Sub DDI La Costa y la Fiscalía Federal del Departamento Judicial de Dolores.
La red afectaba directamente al distribuidor oficial de cigarrillos de la zona, dependiente de Tabacalera Sarandí (marcas Red Point, Master y Khiel). Vendían sus productos a precios muy por debajo del valor de mercado, lo que generaba no solo un perjuicio económico al comercio legal, sino también un grave riesgo sanitario.
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Un simulacro de incendio se llevó a cabo este viernes por la tarde en la Unidad 9 de La Plata
Durante la investigación se realizaron tareas de vigilancia en comercios, identificación de vehículos y monitoreo de redes sociales, donde se ofrecían cigarrillos y medicamentos sin ningún control. La División de Análisis e Investigación Criminal (DAIC) de Castelli colaboró en la trazabilidad de la red.
Medicamentos fuera de todo control
El operativo incluyó 20 allanamientos simultáneos en Mar de Ajó, Las Toninas, San Clemente del Tuyú, Mar del Tuyú, Santa Teresita y zonas de General Madariaga, con apoyo de la ARBA, la ANMAT y la Agencia Reguladora de la Calidad Alimentaria (ARCA).
Se incautaron más de 30.000 atados de cigarrillos, muchos con estampillas falsificadas, presumiblemente ingresados ilegalmente desde Paraguay. El valor total de la mercadería secuestrada supera los 45 millones de pesos.
Pero el hallazgo más alarmante fue la cantidad de medicamentos vendidos sin ningún tipo de autorización o control. Entre ellos había analgésicos y antiespasmódicos como Buscapina, Sertal y Diclofenac, almacenados sin las mínimas condiciones de conservación.
La venta se realizaba en kioscos y autoservicios sin habilitación sanitaria, sin facturación y sin ningún respaldo profesional.
Estos productos, al no contar con registros válidos ni garantías sobre su composición o procedencia, representan un peligro directo para la salud pública. Desde reacciones adversas graves hasta intoxicaciones, los riesgos son múltiples y, en muchos casos, invisibles hasta que es demasiado tarde, advierten dese COFA.
La llamada de atención de los farmacéuticos
Para la Confederación, esta situación es una consecuencia directa de la desregulación ideologizada que impulsa Sturzenegger. La eliminación de mecanismos de control en la comercialización de medicamentos debilita a los organismos reguladores, y además facilita que organizaciones criminales inunden el mercado con productos falsificados.
“Lo que está en juego no es un debate económico, sino la salud de millones de argentinos”, advierten desde la Confederación. La entidad sostiene que el Estado tiene la obligación de garantizar que todo medicamento que llegue al público sea seguro, eficaz y esté debidamente autorizado. La retirada del Estado de ese rol deja a la población a merced de la ley del más fuerte —o del más inescrupuloso—.
El antecedente de los ’90 muestra que, sin controles, las mafias del medicamento no tardan en organizarse y expandirse. Y aunque las operaciones judiciales como la reciente en la Costa Atlántica son importantes, no alcanzan si el marco regulatorio permite que estos negocios ilícitos se multipliquen.
La COFA insistió en que la salud pública no puede gestionarse como un simple mercado. Las políticas de desregulación extrema, aplicadas sin un plan sanitario sólido, terminan costando vidas. Y una vez que el circuito ilegal se instala, erradicarlo es mucho más difícil y costoso.
Este caso de “Los Distribuidores Ocultos” no es un hecho aislado, sino la primera señal visible de un problema mayor: la circulación creciente de medicamentos ilegítimos, falsificados y adulterados, favorecida por un clima político que considera al control sanitario como un obstáculo, y no como una herramienta esencial para proteger a la gente.
