Lejos de la vista de todos, concentrados en la persecución que disparó Mauricio Macri tras su llegada a la Rosada, en la Provincia de Buenos Aires comenzó, en paralelo, una silenciosa (y silenciada) persecución judicial con el fin de aleccionar jueces y rearmar el sistema judicial de la Provincia ‘a medida’ de la gestión de María Eugenia Vidal.
La maquinaria se puso en marcha casi en paralelo a la asunción de Vidal, en diciembre de 2015, cuando desde Gobernación comenzó una evidente maniobra de desgaste con foco en la –por entonces- Procuradora María del Carmen Falbo, que finalmente negoció su salida del cargo sin denuncias en su contra. El pacto se hizo evidente con la designación de la propia Falbo como “asesora” en el Ministerio de Justicia de La Nación, a cargo de Germán Garavano, quizá el ex ministro más enfrentado a la socia fundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, la misma que había pedido públicamente la salida de Falbo para sentar en la Procuración a un hombre de estrecha confianza, Julio Conte Grand.
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Antes de irse, la propia Falbo, jugó a favor de Vidal impulsando un juicio político en mi contra por una causa del 2001 que había sido archivada por el propio fiscal designado “a dedo” en el año 2003, y sobreseída luego por el Jugado de Garantías Nro 1 de La Plata. Suena raro: la Procuradora a la que querían llevarse puesta, de hecho la apartaron del cargo, “al servicio” de la Gestión de Cambiemos que pidió su cabeza. No fue gratuito: era parte del acuerdo para lograr una salida limpia del cargo, que se coronó con su designación en la cartera de justicia nacional.
La feroz persecución a la que fui sometido siendo aún un Juez sin ninguna indagatorio en su contra, ni sanción alguna que implique apartarme del cargo, quedó registrada en una denuncia que yo mismo presenté ante la OEA, en la CIDH. La solidez de mi presentación abrió una investigación que terminó con una declaración mía en Washington, donde fue citado para ampliar la acusación. Pero la acusación de Falbo en mi contra, imputándome la comisión de delitos graves, ya había logrado su cometido: habilitó al oficialismo de entonces, entre otros a la Dra. Elisa Carrió y a la propia María Eugenia Vidal, por entonces la Gobernadora, a sumar causas en mi contra con el inconfeso objetivo de destruir mi imagen pública, construida durante 35 años de trabajo en los tribunales platenses con honestidad y probidad. Un plan siniestro al que se sumaron los senadores del por entonces oficialista frente Cambiemos en la legislatura bonaerense.
En mi trayectoria en el ámbito del Poder Judicial, fui ocupando en más de 3 décadas, cargos importantes, desde donde tramité causas resonantes. Fui designado por el Ministerio de Justicia de la Nación el Gobierno provincial y la gestión Municipal de La Plata, para entrevistarme y capacitarme en dos oportunidades con los presidentes de la Comisión Anti-mafia de Italia y Europa, intercambios en los cuales coseché, además de experiencias, proyectos exitosos para aplicar en la Justicia argentina.
En ese marco, convoqué al ex Presidente de la comisión parlamentaria Anti-Mafia de Italia, profesor Francesco Forgione para disertar en un foro académico en las prestigiosas UNLP y la Universidad de Mar del Plata, y a participar de actividades junto a los Ministerios de Justicia de la Nación y de la Provincia, además de coordinar encuentros de trabajo con el Gobernador bonaerense, el intendente de la capital provincial y el plenario completo de la CGT Capital y seccional La Plata.
La formación de mis visitas ante la Comisión Anti-Mafia de Europa, a la que, repito, tuve el honor de asistir siendo invitado por el Gobierno argentino para representar a la Justicia de nuestro país, me valió una invitación por parte de la Comisión de Seguridad de la Nación para aportar, atento a mi experiencia recorrida, en el marco de la causa Píparo, sobre cuestiones vinculadas a la seguridad bancaria en la discusión del proyecto que se elaboró al respecto.
La persecución a la que fui sometido durante la gestión anterior en el marco de una campaña “marketinera” para, supuestamente, “sanear” a la Justicia, un plan digitado antes que para lograr ese fin para ‘formatear’ al sistema judicial a la medida de Cambiemos, hecho que ha quedado obscenamente demostrado tras el paso de María Eugenia Vidal por la Gobernación bonaerense, alentó a que legisladores del oficialismo esmerilaran mi figura con el fin de presentarme ante la sociedad como un “logro” de su proyecto “purificador”. Todo un plan orquestado desde el mismísimo centro del Poder político y con evidente complicidad mediática.
En contexto, el senador bonaerense del PRO, Juan Pablo Allan, a quien demandé en lo civil por su accionar y sus dichos lesivos hacia mi persona, sumó otra denuncia al Jury en mi contra, esta vez por haber sobreseído a un imputado durante la feria judicial. Un accionar ajustado a derecho como quedó demostrado con el consentimiento del señor fiscal de la causa, y una práctica habitual en la administración de Justicia.
Ni el fiscal que intervino, ni este (por entonces) Juez, fuimos sancionados por sumarios internos de la Suprema Corte de Justicia bonaerense por esa circunstancia, donde ni siquiera la predisposición de un juez puede desafiar las pruebas contra un imputado, cuando la acusación no encuentra solidez argumental para sostenerla.
Sin embargo y pese a esa circunstancia fácilmente comprobable, el Juicio Político con mayoría oficialista y en ¿complicidad? con el titular de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, Dr. Luis Genoud, quien puso a un “delfín” propio, su ex relator y hoy fiscal Álvaro Garganta, para sostener una arremetida en su embate político contra el ex Gobernador, Daniel Scioli, su ex Jefe de Gabinete, Alberto Pérez y el ex ministro Aníbal Fernández –entre otros- le dio luz verde a la acusación en mi contra.
Respecto de la causa del Triple Crimen y la posterior fuga de los imputados, me reuní con la entonces Gobernadora María Eugenia Vidal, la señora ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y los máximos jefes policiales de las Fuerzas Federales y de la Provincia, y accioné con celeridad ordenando más de 20 allanamientos en búsqueda de los imputados prófugos. No demoré más de una hora en completar dicho requerimiento, sin embargo, los medios hegemónicos y el oficialismo gobernante de entonces, denunciaban en evidente complicidad una supuesta “demora” en los libramiento de las órdenes de allanamientos, hecho que quedó demostrado que no ocurrió.
Mientras tanto, el juicio político iniciado por cuestiones de índole política más no procesal en mi contra –ya se dijo: había sido acusado por causas cerradas y por decisiones consentidas por el fiscal- seguía avanzando con extrema celeridad, y comenzaban allegar advertencias para que renunciara al cargo, bajo amenaza de iniciar una persecución penal en mi contra.
En ese marco de hostilidad manifiesta y campaña pública para esmerilar mi imagen, fui convocado por el Ministerio de Gobierno de CABA a una reunión a la que debía concurrir para reunirme con el por entonces Jefe de Gabinete bonaerense, Federico Salvai. Nunca, como pretendió instalase, solicité personalmente una audiencia para reunirme con un funcionario político, antes bien fui convocado y concurrí en honor al respeto por la institucionalidad que caracterizó el compromiso que asumí en el ejercicio de mi función, dentro de otro Poder del Estado.
Al ingresar al despacho, me recibió el (ex) Ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, a quien ya conocía de gestiones anteriores y al coincidir ambos como invitados al casamiento del Jefe de Policía de la Provincia, Señor Hugo Matzkin, celebración en la que estaban presentes, además, el integrante de la SCJBA Luis Genoud, Agentes de Inteligencia, Policías y ministros varios. Aún recuerdo imágenes fotográficas inolvidables del propio Ferrari, jugando con el mago que animara la fiesta.
Grande fue para mí la sorpresa al verlo, y después de anunciarme que Salvai “estaba al llegar”; abordó en forma directa el tema por el que había sido convocado: tenía que renunciar a mi cargo. La decisión estaba tomada. El pedido, una clara amenaza y evidente intromisión a otro poder del Estado, se pronunció en tono áspero y lacónico, lo que provocó mi sorpresa y disgusto por la relación que me unía, anteriormente mencionada.
La coronación del “plan” quedó plasmada por el propio Federico Salvai, luego de haberse sumado a la reunión, quien me propuso una salida como la que, evidentemente, negoció el mismo Gobierno con la ex Procuradora Falbo: si renunciaba, no habría ninguna investigación penal en mi contra, además de que –según dijo- sería promovido para ocupar un cargo en la asesoría de Gobierno. Idéntico acuerdo al que es arribó con Falbo, aunque con radicación en la órbita del Gobierno provincial.
Al cabo de un tiempo, fui nuevamente convocado a participar de una reunión esta vez en una Enoteca en Capital Federal, salón Blue de Jhonnie Walker, donde además del propio Salvai, estaba el señor Bruno Screnci para insistir con la presentación de mi renuncia. Esta vez, sin embargo –a diferencia de la anterior que evité pronunciarme sobre un pedido que me pareció a todas luces descabellado- les aclaré que lo que me estaban sugiriendo era un avasallamiento a la Independencia del Poder Judicial, y di por terminada abruptamente la reunión.
Días después, recibí a través de la aplicación Telegram, mientras asistía a un acto de fin de curso de una de mis hijas, un ultimátum del propio Salvai, para que renuncie a mi cargo.
A la par, los principales diarios del país y una abrumadora mayoría del resto de los medios alineado con Cambiemos incrementaban los ataques contra mi persona. Pese a la presión directa de los principales referentes políticos de la Provincia y la campaña de escarnio público lanzada en mi contra desde los medios afines al macrismo, resistí en ese momento la presión en la más férrea convicción de sostenerme en el cargo, sabiendo de mi inocencia.
Más de un año después, estando ya suspendido por la Corte bonaerense en función del trámite de Jury antes que por las pruebas públicas presentadas en mi contra por la eficacia de la presión pública que disparó la embestida mediática contra mi persona, opté, finalmente y contra mi posición original, refugiarme en el calor de mi familia y disfrutar el día a día de la crianza de mi hijo de apenas 2 años en ese momento, y presenté, finalmente, mi renuncia al cargo de Juez. Fue una decisión para cuidar también la salud y tranquilidad de mi propia familia, que se veía permanentemente ultrajada por cada embate contra mi persona alimentada por el oficialismo macrista y magnificada por el aparato mediático a su servicio.
Luego de que mi trámite atravesara todos los filtros del Estado y con todas las DDJJ pertinentes, la Gobernadora María Eugenia Vidal finalmente aceptó mi dimisión al cargo. Rehabilité mi matrícula de abogado, y retorné mi trabajo como profesional independiente desde mi estudio, el mismo que después fuera allanado y violentada su caja de seguridad sin previo aviso ni presencia alguna de parte del Colegio de Abogados.
Previo a todo esto y a poco de asumir el Gobierno del PRO, les dí aviso al Ministro Cristian Ritondo y a otros funcionarios del área, de un faltante, en una causa de narcotráfico, de más de 100Kg en el depósito de drogas del Ministerio de Seguridad. Una maniobra escandalosa que incluyó el absurdo de cambiar cocaína pura, con harina. El hecho ocurrió en el momento del traspaso del súper intendente Juan Domingo Ibarra, y quien lo sucediera en el mismo cargo. La Gobernadora hizo caso omiso, cuanto menos, “¿premiando?” al flamante –por entonces- máximo responsable de la Policía bonaerense en el área. El citado faltante de droga, nunca tomó estado público.
Ya alejado del cargo de magistrado y mientras me desempeñaba como abogado particular en mi propio estudio, aumentó el ataque mediático y law fare contra la denominada “mafia platense”, compuesta, según el relato periodístico de entonces, por el sindicalista Medina, el empresario de medios Marcelo Balcedo y el ex Juez César Melazo.
Envalentonado por el coro mediático que sonaba al ritmo de la melodía compuesta por la Gobernación, el procurador Julio Conte Grand comenzó a desfilar por los medios asegurando que contaba con elementos para iniciar una causa que, según dijo, sería “más rimbombante” que la denominada causa de los cuadernos que se investigaba en la Justicia Federal. Mientras tanto, la Gobernadora Vidal tomaba las detenciones de Medina, Balcedo y César Melazo como un “spot de campaña” para lograr su propia reelección en el cargo.
El mismísimo presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Dr. Eduardo De Lazzari, denunció en un foro de colegas y abogados, que existían en la Provincia de Buenos Aires, causas armadas, una acusación que tramita ante la UFIJ Nro 5.
Para dejar claro. Nuestra causa es del año 2014, investigando hechos ocurridos en el año 2008. Por entonces, la fiscal Bettina Smolinsky de Lacki, me había comentado sobre la intervención telefónica y seguimientos efectuados a policías y otras personas en la causa que luego me vería involucrado, y a la que el relato mediático instaló, a pedido de la Gobernación, como “la súper banda del Juez Melazo”.
Aun habiendo estado en más de una oportunidad a cargo del Juzgado que tramita dicha investigación por ausencia de su titular, jamás interferí ni revisé el estado de las mismas. Una rareza para alguien que, se supone, era “jefe” de una banda: tener las pruebas en su contra a su alcance, sin siquiera revisar la tramitación del expediente que supuestamente podría condenarlo.
Finalmente llegó el momento político oportuno o necesario para Vidal, Carrió, Conte Grand y Bullrich y después de declarar como testigo en esa causa, la justicia que sucumbió a la presión del Poder político ordenó mi detención en un Mega-operativo, en paralelo con la primera declaración en los Tribunales Federales de Comodoro Py de Cristina Fernández.
A tono con los rimbombantes procedimientos ordenados por la Justicia Federal contra funcionarios de la gestión de Cristina Fernández, incluyendo a la propia ex presidenta, los medios de comunicación transmitieron en directo por televisión mi detención, violando no sólo mi propia intimidad, sino, sobre todo, la de mi familia, además de aterrar a mi hijo menor de 2 años con una violencia desmedida en un procedimiento plagado de efectivos policiales en número inusitado, muñidos de armas de guerra, tan sólo para ir a buscar a un ex Juez que se “refugiaba” en el seno de su propio hogar, junto a su familia, y permaneció en su domicilio aún a sabiendas de la inminencia del hecho anunciado hasta el hartazgo en la pantalla de televisión una semana antes.
La instrucción la llevó a cabo la Policía Federal que eligió la prueba, los testigos, las escuchas y al imputado que le servía al relato del Gobierno. En efecto, en la misma causa, aparecían mencionados jueces de Casación Penal, Fiscales de Cámara, Fiscal de Casación, la propia Jueza Garmendia, el subsecretario de Gobierno Municipal, Martínez Garmendia, los Dres. Galasso y Burlando, los fiscales Morán y Garganta, entre otros, aunque el único detenido fue el Dr César Melazo. El “trofeo” elegido por Vidal para promocionar una burda –y supuesta- lucha contra las “mafias”, arbitraria y selectiva.
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