Hoy, en la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anunció que el Gobierno está dispuesto a analizar modificaciones al decreto reglamentario sobre el Acceso a la Información Pública, en respuesta a las objeciones planteadas por diputados de bloques dialoguistas como Miguel Pichetto, Karina Banfi y Maximiliano Ferraro. Francos aclaró que el objetivo del decreto no es limitar el acceso a la información, sino ordenar su gestión ante la carga administrativa que genera, y adelantó que consultará al presidente para determinar si es necesario modificar o ajustar la normativa.
Francos remarcó que el Gobierno no tiene intención de restringir este derecho constitucional, recalcando que la medida fue consultada con la Agencia de Acceso a la Información y la Procuración del Tesoro. Asimismo, defendió la importancia del principio de buena fe en la interpretación de las normas y la protección de datos, señalando que las diferencias de criterio pueden surgir en su aplicación, pero reiteró que no se busca vulnerar el acceso a la información pública.
El polémico DNU del Gobierno que restringe el acceso a la información pública
El presidente Javier Milei dio un paso significativo al restringir el acceso a la información pública mediante el Decreto 780/2024, publicado Boletín Oficial. Esta medida afecta tanto a la actividad privada como a parte de la pública de los funcionarios, y otorga al Poder Ejecutivo la discrecionalidad para definir qué información puede considerarse de interés público y, por lo tanto, estar disponible para la ciudadanía.
El nuevo decreto modifica de manera sustancial la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública, sancionada sobre la base del artículo 75 de la Constitución Nacional. La normativa original, reconocida por tratados internacionales, promovía la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia de gestión, aspectos que ahora se ven restringidos por los nuevos criterios establecidos por el gobierno de La Libertad Avanza (LLA).
Entre las principales modificaciones, el decreto establece que no se considerará información pública aquella que contenga datos de naturaleza privada, tales como reuniones familiares, existencia de mascotas, o visitas íntimas en la Quinta de Olivos, lo que resulta extraño ya que gracias a ello también fue que se conoció con detalles quienes asistían durante la pandemia. Además, prohíbe la difusión de “deliberaciones preparatorias, papeles de trabajo o exámenes preliminares” sobre temas o actos de gobierno, impidiendo que anotaciones personales o agendas sean revisadas como documentos de Estado.
La Libertad Avanza llegó a Uruguay: cómo es el nuevo partido y en qué se diferencia del mileísmo argentino
La Libertad Avanza desembarcó en Uruguay con nombre y color idénticos al partido de Javier Milei, pero con un estilo y una estrategia adaptados al escenario político uruguayo.
Otra de las restricciones impuestas por el decreto es la fijación de un plazo de 10 años para el blindaje de datos confidenciales o secretos de Estado, especialmente en áreas sensibles como la defensa, política exterior o seguridad interior. Asimismo, se protege el secreto financiero y la información manejada por el Banco Central, lo que podría dificultar el acceso a detalles sobre operaciones como la salida al exterior de lingotes de oro de la reserva nacional.
Estas modificaciones representan un retroceso en los avances logrados en materia de acceso a la información pública, y han generado preocupación por el impacto que podrían tener en la transparencia gubernamental y la capacidad de la prensa y la ciudadanía para fiscalizar los actos del Estado.
El decreto que podría romper la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO
El decreto impulsado por Javier Milei también generará una nueva distancia con el PRO, ya que la Ley de Acceso a la Información Pública fue una iniciativa emblemática del gobierno de Mauricio Macri en 2016. Dicha ley, redactada por Eduardo Bertoni, quien fue director de la Agencia de Acceso a la Información y exrelator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, fue considerada por Macri como uno de los logros más importantes de su gestión. Macri destacó en varias oportunidades que esta legislación permitió a la Argentina avanzar en el ranking mundial de transparencia y acercarse a la posibilidad de ingresar a la OCDE, un exclusivo grupo de 38 países con altos estándares en materia de gobernanza y transparencia.
A diferencia del gobierno de Alberto Fernández, que optó por alejarse de la OCDE y acercarse a los BRICS, Milei decidió retomar la política exterior de Macri, mostrando su interés en cumplir con los requisitos de la OCDE, entre ellos, el acceso a la información pública. Esta postura refuerza la distancia entre el Gobierno actual y el macrismo, cuya prioridad había sido fortalecer la transparencia institucional como un paso fundamental para lograr el ingreso a la OCDE, un camino que Milei ha decidido seguir mientras se desentiende de los BRICS.
