A pocas horas del anuncio realizado por el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis y 20 intendentes bonaerenses que demandaron al gobierno de Javier Milei por el abandono de las rutas nacionales, INFOCIELO accedió a los detalles de la presentación judicial.
La medida no solo busca que la Justicia tome medidas preliminares sino que tiene como objetivo urgente conseguir una cautelar que dé “continuidad inmediata” a la ejecución y el mantenimiento de las obras “en curso al 10 de diciembre del 2023”.
En un extenso documento de 45 páginas, enumeran varios argumentos para justificar la legitimación como demandantes como “usuarios afectados” de la red vial y así como por ser representantes de su grupo social que comprenden “los usuarios que habitan el territorio”.
Se sabe de antemano que, en este tipo de presentaciones, uno de los puntos en los que se enfocan los jueces es en determinar la legitimidad de los demandantes para actuar en este caso.
Presentación por el abandono de las rutas nacionales: Contra quienes accionan los denunciantes
La presentación está dirigida al Estado nacional como “fiduciante” en referencia al Fondo Fiduciario Sistema de Infraestructura del Transporte” que se nutre de recursos obre los recursos obtenidos con el impuesto a los Combustibles y el Impuesto País.
También accionan contra el Banco de la Nación “en su condición de fiduciario del fideicomiso”, el ministerio de Economía y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV)
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Por último, la demanda alcanza a la empresa estatal Corredores Viales “beneficiaria y receptoras de fondos SISVIAL (red vial) y “responsable del mantenimiento y ejecución de obras en rutas nacionales”.
Composición e historia del Fideicomiso destinado a obras viales
En un extenso apartado, los denunciantes historizan sobre el fideicomiso creado en el año 2001 que tiene como fiduciante al Estado Nacional y al Banco Nación como fiduciado.
El mismo está constituido por los fondos provenientes de la Tasa sobre el Gasoil y las tasas viales.
Y repasa los alcances del Decreto Nº 1377/01 con el que se creó el Sistema de Infraestructura de Transporte (SIT), al que se le asignaron recursos provenientes del fideicomiso mencionado.
También describen el impacto del fallido modelo mixto de financiación de obra viales a través de las denominadas PPP que intentó aplicar Mauricio Macri desde 2018.
Repasan los cambios accionados desde 2019 con la extinción de los contratos y las medidas tomadas para disponer “de fondos que permitan solventar las obras y el mantenimiento de los corredores viales”.
Luego reseñan lo ocurrido desde 2024, cuando la gestión de Javier Milei evidenció “una notable desinversión materia de obras y mantenimiento de la red”.
“Subejecución” y “Apropiación de Fondos afectados a Obras de Infraestructura” por parte del Gobierno Nacional
Tanto el Impuesto a los Combustibles como el impuesto PAIS tienen establecido, por las leyes que los crearon, que un porcentaje de su recaudación sea afectado con destino específico a obras de infraestructura.
Según los denunciantes, “pese a que el Gobierno Nacional los recaudó, jamás los afectó al financiamiento de las mismas” sino que gran parte de los fondos “terminaron en las cuentas generales del Tesoro Nacional”.
El impuesto a los combustibles durante el 2024 tuvo una recaudación que superó los $2,52 billones con una variación interanual de 378,9% respecto del 2023.
“Descontando la inflación, esto se corresponde con un crecimiento del 34% respecto al acumulado en 2023”.
Sobre el total, el 28,58% de lo recaudado debe destinarse al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte.
En 2024, este fondo recibió unos $349,13 mil millones, a valores constantes de diciembre de 2024, que debieron haberse destinado a continuar las obras viales en ejecución y a garantizar el mantenimiento en la red vial nacional.
Sin embargo, a lo largo del 2024, “sólo se transfirieron y ejecutaron $149 mil millones, menos de la mitad.
“Esta subejecución se explica por el abandono por parte del Gobierno Nacional de la obra pública en general, y de las obras viales de las rutas nacionales” explicaron.
Sobre el Impuesto Pais la ley establece que el 19,5% de su recaudación debía destinarse a obras de Infraestructura Económica. Mediante el Decreto N° 193/24, dicho porcentaje se incrementó al 28,2%.
De acuerdo a los datos oficiales de ARCA, durante el 2024 el Impuesto País recaudó unos $ 6,27 billones con una variación nominal de 315,3% respecto del 2023.
Del total de lo recaudado con afectación específica a la Secretaría de Obras Públicas y a la Dirección Nacional de Vialidad, solo se ejecutaron $38,77 mil millones en 2024
De cara al 2025 con la prórroga del presupuesto 2023, claramente sostienen que “no es de esperar una reactivación de la obra pública impulsada por la Nación”.
Los derechos de los usuarios de la red vial
En otro tramo de la presentación, los denunciantes advierten sobre los efectos de la desinversión en materia de obras y mantenimiento de la red vial.
También sostienen que “configura una amenaza cierta sobre los derechos de los usuarios y sobre el destino dado a los fondos públicos afectados”.
En ese marco, solicitan diligencias preliminares para tener “acceso a información en toda la cadena desde que los fondos debieran ingresar al fideicomiso y hasta que se traduzcan en la mejora de la red vial a favor de los usuarios”.
“Quienes transitan periódicamente por la red vial resultan usuarios de la misma y con ello protegidos por la ley de consumo” completan
Y al considerarla “información esencial y vital” observan que “debe disponibilizarse en cualquier escenario, más si resulta vital para poder articular un acción concreta y dirigida correctamente”.
El Municipio como usuario, uno de los ejes del reclamo
De acuerdo a la demanda, cada municipio al “contar con una flota de vehículos y debido a su ubicación geográfica, resulta notorio que es un usuario de la red vial” explican.
Los intendentes destacan que el ante el abandono nacional crece el riesgo al personal afectado así como su grupo social que lo comprenden los usuarios que habitan el territorio.
“Esto implica que sus derechos e intereses, en cuanto a la administración y utilización de los recursos del fideicomiso, deben ser considerados y protegidos por el derecho protectorio del usuario y consumidor” razonan.
Y refuerzan: “En tal condición, cada intendente aquí presentado, ejerciendo la representación de la comuna correspondiente, puede y debe intervenir en procura de obtener datos relacionados con el estado de la red vial toda, y más específicamente sobre aquella que atraviesa el ejido de cada partido”.
Defender la seguridad vial y la salud del usuario, otras de las premisas
Junto con el derecho a la información, destacan “la obligación de garantía o deber de seguridad a favor del usuario que utiliza la red vial, a fin de que pueda transitar por ella sin sufrir daños”.
Además mencionan el derecho a la salud, “en este caso a que su vida no corra riesgos por la utilización de la ruta”.
Con todos los elementos mencionados, los demandantes pidieron al juez que haga lugar a las diligencias preliminares
Lo hicieron “a efectos de garantizar la tutela judicial efectiva dado que se trata de documentación” que “dada su condición de fondos públicos” “debiera disponibilizarse, más aún a favor de los usuarios de forma clara, adecuada”.
Enumeran documentos como “contrato suscripto vigente, rendiciones mensuales fiduciario SIT Estados contables trimestral y anual, beneficiarios, ingresos al fideicomiso , egresos , movimientos de cuentas, informe del fiduciario, plan de obras viales, estado de la calzada”.
También piden informes a Vialidad y a la Agencia Nacional de seguridad Vial
Finalmente solicitan a la Justicia una cautelar para que se retomen las obras viales paralizadas desde el 10 de diciembre del 2023.
