Diputados avanzó en la conformación de la Comisión Bicameral encargada de seguir de cerca la emergencia económica provincial y municipal, uno de los puntos sensibles incluidos en la ley de Endeudamiento, pedido por Axel Kicillof, aprobada semanas atrás por la Legislatura. Desde la presidencia del cuerpo, a cargo de Alejandro Dichiara, se oficializó la nómina de los siete diputados que integrarán el órgano de control, que funcionará junto a cinco senadores aún pendientes de designación.
La comisión fue creada en el marco de la autorización al Poder Ejecutivo para tomar deuda por más de 3.500 millones de dólares y surgió como resultado de las negociaciones políticas que atravesaron el tratamiento de la norma. Sectores del kirchnerismo, el massismo y la oposición dialoguista presionaron para incorporar un mecanismo institucional que permita monitorear el destino de los recursos, en especial los fondos que llegarán a los municipios.
En ese esquema, Diputados aportará siete representantes que reflejan el equilibrio interno de fuerzas en la Cámara baja. Por el Frente Renovador fueron designados Rubén Eslaiman y Carlos Puglelli, mientras que el kirchnerismo estará representado por Mayra Mendoza. También integrará la comisión Juan Pablo de Jesús, vinculado al esquema de intendentes del conurbano, junto a Mariano Cascallares, del Movimiento Derecho al Futuro.
La oposición también tendrá presencia en la Bicameral. El radicalismo aportará al presidente del bloque UCR-Cambio Federal, Diego Garciarena, identificado con el sector que responde a Maximiliano Abad. En tanto, el PRO sumará al marplatense Alejandro Rabinovich, recientemente designado como jefe de la bancada amarilla en Diputados.
FACULTADES, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS
Según establece el articulado de la ley que dio origen a la comisión, la Bicameral tendrá amplias atribuciones para solicitar información al Ejecutivo. Entre sus funciones se encuentra el pedido de datos trimestrales sobre la ejecución presupuestaria y los principales indicadores económicos, con el objetivo de evaluar la evolución de la situación financiera tanto de la Provincia como de los municipios.
Además, el órgano deberá verificar los proyectos presentados por los gobiernos locales y remitirlos al Ejecutivo provincial, al tiempo que recibirá información periódica sobre el estado de la deuda pública. El seguimiento estará puesto especialmente en el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, creado para que los intendentes puedan cubrir atrasos de Tesorería o financiar obras, programas sociales, ambientales o proyectos de inversión en marcha o a iniciar.
En cuanto a la distribución de los recursos, la norma fija que el 70% del fondo se repartirá entre los municipios según el Coeficiente Único de Distribución (CUD) correspondiente al ejercicio 2025. El 30% restante quedará bajo la órbita de programas provinciales destinados a infraestructura, ambiente y transporte, áreas sobre las que también deberá expedirse la Bicameral una vez que complete su integración con los representantes del Senado.
