Una joven fue detenida en Bahía Blanca acusada de hacer 73 llamadas al 911 por amenazas de bomba a instituciones públicas y privadas.
Su nombre es Juliana Gil Barrera, de la localidad de Ingeniero White, quien fue identificada en la intersección de las calles Carrega y Avenente, y que sería la responsable de mantener en vilo al municipio, bancos, comercios y fuerzas de seguridad durante meses, incluso de movilizar recursos públicos casi a diario.
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El fiscal Rodolfo De Lucía, titular de la UFIJ N° 20, explicó que la mujer está imputada por “intimidación pública” y que actuaba siempre de la misma forma, indicando que su pareja había colocado un artefacto explosivo.
El funcionario judicial sostuvo además que Gil Barrera parecería no tener una motivación política o ideológica para hacer estas amenazas, pero que no se descarta que las intimidaciones le hayan generado algún tipo de beneficio a nivel personal.
Cabe señalar que el delito de intimidación pública tiene penas de entre 2 y 6 años de prisión para aquellos que infundan temor público o susciten tumultos o desórdenes, hicieren señales, dieren voces de alarma, amenazan con la comisión de un delito de peligro común o empleen medios para producir esos efectos.
Además, el artículo 211 del Código Penal afirma que “cuando para ello se empleare explosivos, agresivos químicos o materias afines, siempre que el hecho no constituya delito contra la seguridad pública, la pena será de prisión de 3 a 10 años”.
Un dato curioso es que Juliana fue fiscal de Cambiemos en las elecciones de 2017. Ahora está tras las rejas por amenazar contra funcionarios de esa misma gestión.
