En la ciudad de Bahía Blanca contabilizan 70 amenazas de bomba contra la municipalidad, bancos y supermercados en los últimos 100 días, además de una explosión en un local de La Cámpora, acontecida en mayo de este año.
La semana arrancó con otro llamado, que incluyó como es habitual, una importante movilización de recursos públicos como son los sistemas de emergencias médicas, policía, Defensa Civil y Guardia Urbana.
TE PUEDE INTERESAR
Ante esa ola de intimidaciones, el fiscal Rodolfo De Lucía decidió unificar las causas e investigar, mediante la tecnología disponible en materia de comunicación, quién o quiénes son los autores que están generando un caos cada mañana en la ciudad.
Cabe señalar que el delito de intimidación pública tiene penas de entre 2 y 6 años de prisión para aquellos que infundan temor público o susciten tumultos o desórdenes, hicieren señales, dieren voces de alarma, amenazan con la comisión de un delito de peligro común o empleen medios para producir esos efectos.
Además, el artículo 211 del Código Penal afirma que “cuando para ello se empleare explosivos, agresivos químicos o materias afines, siempre que el hecho no constituya delito contra la seguridad pública, la pena será de prisión de 3 a 10 años”.
Si bien nunca se hallaron explosivos, y ni siquiera elementos sospechosos, las fuerzas de seguridad no pueden omitir la amenaza. Incluso, en Bahía Blanca se mantiene fresco el atentado en el local de La Cámpora, el 25 de mayo pasado, en el que afortunadamente no hubo víctimas.
De hecho, la agrupación venía reclamando avances en la investigación e incluso hoy sacó un nuevo comunicado recordando el hecho tras la bomba arrojada al Grupo Clarín.
“Es imperioso que la justicia investigue, exponga y condene a los promotores y responsables de todos estos hechos, como venimos reclamando sin eco mediático desde hace mucho tiempo”, expresaron.
TE PUEDE INTERESAR
