La Ley de Etiquetado Frontal fue modificada mediante cambios introducidos en su reglamentación por el Poder Ejecutivo a través de las disposiciones 11362/2024 y 11378/2024. Los nutricionistas bonaerenses explicaron que se trata de “un retroceso significativo”.
El Colegio de Nutricionistas de la Provincia salió en defensa de la Ley y de su correcta aplicación, bajo la premisa de que “el etiquetado de los alimentos juega un papel crucial en la toma de decisiones informadas por parte de los consumidores”.
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“Consideramos que las normas que regulan el etiquetado deben ser claras, precisas y coherentes con los objetivos de promover la salud y prevenir enfermedades crónicas”, sostuvo la licenciada en Nutrición (MP 4435) Laura Salzman, presidenta de la institución que nuclea a las nutricionistas bonaerenses.
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En ese sentido, Salzman advirtió que los cambios introducidos por el gobierno de Javier Milei generan “dudas sobre su capacidad para cumplir con estos objetivos”.
Por ejemplo, explicaron, al relajar los requisitos de etiquetado y permitir una mayor flexibilidad en el uso de términos como “light” y “bajo en”, “se corre el riesgo de generar confusión en los consumidores y de promover la elección de productos menos saludables”.
Etiquetado frontal: cuatro cambios que preocupan a los nutricionistas
¿Qué implican las modificaciones introducidas a través de las disposiciones 11362/2024 y 11378/2024?
- Información engañosa: Al permitir que se consideren solo los nutrientes añadidos y no los intrínsecos del producto, se oculta información crucial sobre su composición nutricional real.
- Publicidad engañosa: La flexibilización en el uso de “claims” como “light” en productos con exceso de azúcares genera confusión en los consumidores y promueve la elección de productos poco saludables.
- Menor protección a niñas, niños y adolescentes: La reducción de la edad límite para la protección frente a la publicidad de productos ultraprocesados y la permisividad en el uso de elementos de marketing dirigidos a este público vulneran sus derechos.
- Falta de transparencia: La eliminación de las declaraciones juradas implica una pérdida de control sobre la información nutricional de los alimentos, dejando a los consumidores a merced de la buena fe de las empresas.
“Las políticas públicas en materia de alimentación deben basarse en evidencia científica sólida y consensuada, y tener como objetivo primero la protección de la salud de la población, especialmente de los grupos más vulnerables”, señalaron desde el Colegio, y advirtieron que con estos cambios se debilita “el marco regulatorio existente y podrían revertir los avances logrados en materia de etiquetado frontal”.
“Las nuevas disposiciones representan una regresión en los derechos adquiridos a la información, a la salud y a la alimentación saludable afectando a todas las personas pero en mayor medida a la población más vulnerable”, cerró la institución.
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