Durante los casi tres años que tiene María Eugenia Vidal al frente de la administración bonaerense, se sucedieron distintos casos donde la falta de reemplazo inmediato ante la renuncia, despido o movimiento de algún funcionario clave fue demorado de forma más que extensa, incluso apelando a la acefalía en lugares fundamentales para el engranaje de la administración provincial.
El primer caso que resonó en la administración bonaerense fue cuando el exmassista y ultra católico Joaquín De la Torre fue nombrado en diciembre de 2016 como Ministro de Gobierno, dejando el vació el sillón del Ministerio de Producción. Durante más de 150 días esa cartera estuvo acéfala, donde por mucho tiempo los expedientes internos no contaban con la firma correspondiente, motivo que provocó los reclamos de los trabajadores de esa cartera. En medio de ese vacío y rumores de acoplar Producción al Ministerio de Agroindustria, el titular de esa cartera, Leonardo Sarquís tuvo que ser el encargado de firmar los expedientes. La doble firma.
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Dato no menor, en abril de 2017, surgió el nombre de Diego Cifarelli, titular de la Federación Argentina de la Industria Molinera, para ocupar Producción. Pero su desembarco en la Provincia fue vetada por las entidades agrarias de Junín, basados en su pasado de colaborador de excéntrico Guillermo Moreno en tiempos del kirchnerismo. Finalmente, en mayo de 2017, la acefalía en Producción se terminó cuando Vidal nombró a Javier Tizado como el nuevo ministro.
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Otro caso para nada menor es el de la Suprema Corte de Justicia Bonaerense (SCBA), donde en el lejano octubre de 2016, el abogado y docente peronista, Juan Carlos Hitters produjo su jubilación en el máximo tribunal. En principio, trascendió desde Calle 6 que la intención de Vidal era nombrar una mujer en el cargo. Pero pasaron los años y tan solo hubo algunos nombres en danza: el abogado platense y actual integrante de la Fiscalía de Estado bonaerense, Miguel Berri; el del actual Fiscal de Estado, Hernán Gómez; el asesor general de Gobierno, Marcelo López Mesa; el presidente de la Cámara de Segunda en lo Civil y Comercial de La Plata, Agustín Hankovits; la camarista de San Isidro, María Fernanda Nuevo; el camarista de Casación Penal, Fernando Luis Mancini; el abogado platense Pablo Perrino y hasta la ex senadora nacional, María Laura Leguizamón.
El caso más resonante y de seria preocupación para el funcionamiento normal de cualquier administración bonaerense es el del Tribunal de Cuentas. Cabe mencionar que el órgano de control quedó acéfalo desde junio de este año, cuando se produjo la jubilación del vocal Gustavo Fernández. El Organismo encargado de controlar los gastos de la administración de Vidal y los intendentes bonaerenses ya no cuenta con el número necesario para lograr el quórum para emitir fallos o aplicar sanciones. Con el retiro de Fernández, sólo quedaron en funciones el presidente Eduardo Grinberg y el vocal Miguel Teilletchea. En su momento, desde la Gobernación deslizaron que María Fernanda Inza, recientemente nombrada al frente de la Contaduría General de la Provincia iba a ocupar uno de los tres cupos vacante, para al menos poder tener el quórum necesario. Sin embargo, esa posibilidad se cayó en poco tiempo. Acá surge otro dato para nada menor, Inza, dejó su cargo en la Secretaría Legal y Técnica de la Provincia y fuentes de Calle 6 manifestaron que “no hay apuro” en nombrar un reemplazo.
De esa forma se observa que en varias áreas claves de gobierno, Vidal optó por no cubrir las vacantes, que en muchos casos es más que necesario para un normal funcionamiento del cualquier gobierno. A esto, hay que sumar los cinco lugares que quedan por cubrir en el Directorio del Banco Provincia. Según pudo saber este portal, gran parte de los cargos en juego serán utilizados por el “vidalismo” como herramienta de negociación para debatir con la oposición “dialoguista” el trazado del Presupuesto 2019 en octubre, que vendrá de la mano del ajuste que pide el Gobierno Nacional en base a los requisitos del FMI para el auxilio financiero.
ALFA (@alfajuan)
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