El juez en lo Contencioso Administrativo Federal N°11, Martín Cormick, anunció que supervisará de manera presencial el operativo de seguridad previsto para este miércoles durante una nueva movilización de jubilados al Congreso, a raíz de los hechos de represión ocurridos el 12 de marzo bajo la aplicación del “Protocolo Antipiquetes” impulsado por el Ministerio de Seguridad. No obstante, el magistrado rechazó la medida cautelar presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que pedía la suspensión del protocolo y su declaración de inconstitucionalidad.
La presentación del CELS se produjo tras los episodios de violencia registrados en aquella jornada, que dejaron varios heridos, entre ellos el fotógrafo Pablo Grillo. El organismo solicitó que se ordene al Ministerio de Seguridad garantizar derechos fundamentales como la vida, la integridad personal, la salud y la libertad de expresión de quienes participan en manifestaciones, transitan por la zona o ejercen tareas periodísticas.
El pedido del CELS
“El Protocolo Antipiquetes vulnera los derechos constitucionales enunciados en los artículos 14, 14 bis, 19, 28, 75 inciso 12 e inciso 22 y los artículos 7.2, 13, 15 y 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, argumentó el CELS en su presentación.
Si bien desestimó el pedido cautelar, Cormick dejó en claro su preocupación por los hechos sucedidos durante la protesta. “El Tribunal no desconoce ni es impasible a los desgraciados hechos de público conocimiento sucedidos el 12/03/25 que no aparecen adecuados a los principios republicanos que consagra la Constitución Nacional y las normas supranacionales que constituyen la ley suprema de nuestro país”, expresó en la resolución.
Ante este escenario, el magistrado resolvió que observará personalmente el desarrollo del operativo del próximo miércoles y señaló que lo hará “con suma atención” para incorporar de oficio toda prueba relevante. Según precisó, esta actuación apunta a reunir elementos que permitan resolver el planteo de inconstitucionalidad de la Resolución 943/23, que estableció el protocolo de actuación para las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas.
