A punto de promediar el mandato, los efectos de la política económica de Javier Milei, comienzan a consolidarse en el mapa productivo nacional, dejando un saldo preocupante, especialmente en la provincia de Buenos Aires, el corazón industrial y productivo del país.
Contra su habitual plegaria discursiva, el sector privado vinculado a la producción muestra preocupantes índices de desmejora en su actividad y no asoman signos de recuperación en el corto plazo. Lejos de la promesa de un shock que ordenaría la economía, los indicadores muestran una realidad inversa: la actividad cae, el desempleo crece y la estructura productiva se reduce.
En la provincia de Buenos Aires, este modelo económico está dejando una estela de fábricas cerradas, comercios vacíos y trabajadores sin empleo.
Entre enero y mayo de 2025, la economía bonaerense experimentó una caída del 0,7% en comparación con el mismo período de 2023, año en que el país enfrentó una sequía histórica que golpeó fuertemente al sector agropecuario, principal fuente de divisas del país. Es caída sobre el fondo del pozo. Aquel año marcado por un fenómeno natural sin antecedentes por la magnitud que suele golpear, sobre todo al campo. Esta vez es infringido por políticas públicas. El último dato registrado, que midió la actividad durante la segunda semana del mes en curso, también se pintó de rojo, con -0,4.
El retroceso es evidente en casi todos los sectores claves de la economía bonaerense. El comercio cayó 6 puntos porcentuales, la industria retrocedió 10%, y la construcción, donde la gestión de Milei aplicó un ajustado torniquete para consolidar el equilibro fiscal, se desplomó un 23%.
Solo el sector agropecuario muestra altos signos de crecimiento, pero el dato es engañoso: el repunte responde más a una base de comparación muy baja, ya que, como se explicó, en 2023 la actividad agraria estuvo fuertemente afectada por una sequía histórica.
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La pérdida constante del poder adquisitivo de todos los sectores, un ancla que el Gobierno nacional mantiene con firmeza para contener la inflación, esmeriló la estructura productiva del país, y afectó fuertemente la actividad económica en la Provincia de Buenos a Aires, que concentra casi el 40% de la actividad y que aporta un porcentual similar al Producto Bruto Interno del país.
Los datos que representan la realidad del sector privado a nivel nacional, con alta incidencia en el ámbito bonaerense, contrastan con el discurso oficial de la Casa Rosada: lejos de ayudarlo, lo hundió a niveles preocupantes.
A nivel nacional, entre noviembre de 2023 y mayo de 2025, cerraron 15.564 unidades productivas. De ellas, más de 5.500 estaban radicadas en territorio bonaerense, lo que confirma el fuerte golpe que recibe una provincia que representa el 50% de la producción nacional, alberga el 40% de los establecimientos industriales del país y concentra el 44% del empleo industrial argentino.
La situación laboral acompaña este derrumbe: desde la asunción de Milei hasta agosto de 2025, se perdieron más de 225.000 puestos de trabajo registrados en el sector privado. El 40% de esas pérdidas corresponden a trabajadores y trabajadoras de la provincia de Buenos Aires, una cifra que no solo representa un drama social, sino también una señal crítica sobre la pérdida de dinamismo económico. Un círculo vicioso que atenta contra la recuperación de la actividad.
Economistas y analistas advierten que las medidas de liberalización abrupta, el recorte del gasto público sin medidas compensatorias, y la apertura indiscriminada de las importaciones han desestructurado las cadenas productivas locales.
Las medidas de “salvataje” que desplegó la Provincia
En ese contexto, la Agencia de Recaudación bonaerense, ARBA, anunció esta semana una serie de medidas con el fin de ayudar al sector productivo, particularmente a las pymes, las más afectadas por el parate de la economía
El propósito, según se anunció, es “dar alivio fiscal inmediato”; “reducir trámites y burocracia” impositiva, y “sostener la actividad de pymes y comercios” radicados en la Provincia de Buenos Aires
En ese sentido, por ejemplo, se anunció un ajuste para que las retenciones y percepciones de impuestos que la provincia retiene de forma anticipada y compulsiva (IIBB), coincida con el impuesto a pagar, y se achicarán plazos para que el saldo adelantado que percibe el fisco no supere el mes en que vence la obligación.
El nuero régimen, explicaron, “aportará previsibilidad” al sistema productivo, “y liberará capital de trabajo para pymes y comercios” en toda la Provincia.
A la par, se anunció que quedarán suspendidas hasta el próximo 31 de diciembre, los embargos en cuentas bancarias por obligaciones impositivas impagas que registren los contribuyentes vinculados la producción. El cobro ejecutivo seguirá su curso, ya que la provincia está obligada a tramitar la percepción de los impuestos impagos, pero dejará de pedir el embargo como medida cautelar, una herramienta habitual en este tipo de procesos judiciales.
Habrá, además, una simplificación y reorganización de los Agentes de Recaudación. Entre otras reformas, se anunció la “emisión y consulta en línea” del comprobante, para que el comercio o empresa a la que se le retuvo el impuesto, pueda llevar el control del cumplimiento de sus obligaciones en tiempo real.
El paquete de medidas se completa con un régimen que hará altas y bajas automáticas y de oficio a los agentes que no cumplan condiciones; mayor formalización (inscripción automática de Agentes que no lo hicieron estando obligados, y mayor equidad entre quienes cumplen y quienes no lo hacen); y una “optimización de demandas exprés web para la devolución de saldos a favor”
En un contexto de altas tasas de interés, la provincia anunció que destinará 1 billón de pesos para descuento de tasa para las pymes y nuevas líneas de créditos a tasa 0 para pequeños emprendedores agroalimentarios y de economías regionales, imposibilitados de acceder al crédito a tasa razonable para la inversión productiva
