En un giro político inesperado tras el cierre de listas rumbo a las elecciones de octubre, un heterogéneo grupo de senadores opositores decidió avanzar con una reforma clave: modificar la ley 26.122 que regula el trámite legislativo de los ecretos de necesidad y urgencia. El objetivo es recortar el margen de acción de la Casa Rosada y obligar a que cada DNU quede ratificado explícitamente tanto por Diputados como por el Senado.
La iniciativa se gestó en la Comisión de Asuntos Constitucionales y fue encargada a su presidenta, la cordobesa Alejandra Vigo (Las Provincias Unidas), quien deberá unificar los seis proyectos ya presentados en la Cámara Alta. “Los DNU son instrumentos de excepción que contravienen la idea de separación de poderes. Es necesario ordenar el manejo de este trámite”, sostuvo la senadora al abrir el debate.
El dictamen reunió firmas de peso: desde Juan Carlos Romero (Cambio Federal) y Guadalupe Tagliaferri (PRO), hasta referentes de la UCR como Eduardo Vischi, Flavio Fama y Pablo Blanco, además de legisladores de Unión por la Patria como Mariano Recalde, Florencia López y Silvia Sapag. También acompañaron Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro) y José Neder, entre otros.
La novedad es que incluso senadores que hasta hace poco respaldaban al Gobierno, como el radical correntino Eduardo Vischi o el propio Carlos “Camau” Espínola, se alinearon con la oposición. La movida deja en claro el aislamiento creciente de Milei en el Congreso, en medio de tensiones internas y la pérdida de aliados tras los acuerdos electorales.
El fin de la “sanción ficta”
Uno de los puntos centrales del proyecto es terminar con la sanción ficta: el mecanismo que mantiene vigentes los DNU mientras no sean rechazados por ambas cámaras o que permite ratificarlos con el aval de una sola. La propuesta busca invertir esa lógica: sin aprobación explícita en Diputados y Senado, el decreto perdería validez.
Además, se consensuó fijar plazos estrictos para el tratamiento parlamentario. Los escenarios discutidos van de 30 días hábiles a 90 días corridos. Si el Congreso no se expide en ese período, el decreto quedará sin efecto.
Otra innovación en debate es habilitar la aprobación o el rechazo parcial de los DNU. Hoy, cada decreto debe tratarse en bloque, lo que deja al Congreso frente a la disyuntiva del “todo o nada”, como ocurrió con el decreto ómnibus 70/23 firmado por Milei al inicio de su gestión.
Un cambio con historia
La ley vigente, sancionada en 2006 a impulso de Cristina Fernández de Kirchner, al frente e la Cámara Alta, introdujo la sanción ficta para dar mayor margen de acción al Ejecutivo, entonces en manos de Néstor Kirchner. Ahora, casi dos décadas después, el kirchnerismo se suma al bloque opositor que busca acotar ese mismo poder, en un escenario político muy distinto.
La letra final del dictamen quedó en manos de Vigo, quien deberá presentar el texto definitivo para que se habilite el debate en el recinto. De prosperar, sería un golpe institucional fuerte contra la estrategia de gobierno de Milei, que hizo del uso de los DNU una herramienta central desde su llegada a la Casa Rosada.
