El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, anunció este jueves a través de un extenso y polémico tweet la decisión de reducir la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual a una mínima expresión.
Con la medida deja en evidencia bajo la excusa de prioridades presupuestarias, el profundo desprecio por el organismo encargado de defender los derechos comunicativos de las audiencias.
La medida, que implicará una reducción de más del 60% de la planta de empleados (dio de baja 100 contratos), y la venta de equipos clave, la presentó como un esfuerzo de “alivianar estructuras”, pero claramente responde a intereses políticos y económicos que priorizan debilitar los controles sobre los excesos de los medios de comunicación.
Un organismo creado por ley, desmantelado por decreto
La Defensoría del Público, nacida en 2009 bajo la Ley 26.522, tiene como objetivo principal receptar denuncias ciudadanas relacionadas con malas prácticas en los medios.
Con su reducción drástica, Sturzenegger no solo socava el trabajo de un organismo clave para garantizar la pluralidad informativa, sino que evade el debate necesario en el Congreso para su posible disolución, algo que requiere mayoría legislativa.
La estrategia, entonces, es evidente: dejar al organismo sin recursos ni personal para operar, transformándolo en una cáscara vacía que justifique su futura eliminación.
El ministro justificó esta decisión aludiendo a supuestos excesos presupuestarios y al uso partidario del organismo durante gobiernos anteriores. Sin embargo, su mensaje está plagado de omisiones e inconsistencias. Por ejemplo, menciona únicamente a periodistas como Luis Majul y Jonatan Viale como presuntas “víctimas” de denuncias repetidas, dejando de lado una lista mucho más amplia que incluye figuras de diversos espectros políticos (Viviana Canosa, Rolando Graña, Jorge Lanata y cientos más). ¿Es esto una muestra de transparencia, o un intento de convertir el debate en una narrativa de victimización selectiva?. Además en su tuit parece inconscientemente “mandar al frente” a Viale y Majul como periodistas “de su riñón”.
Milei como “Sarmiento” y el insulto como virtud
Lo más llamativo del mensaje, sin embargo, es el insólito paralelismo que Sturzenegger traza entre el presidente Javier Milei y Domingo Faustino Sarmiento.
En su tweet, el ministro rescata los insultos que el prócer argentino dirigía a Juan Bautista Alberdi en el siglo XIX, calificándolos como un ejemplo de “debate frontal y abierto”.
En una pirueta argumentativa, Sturzenegger intenta justificar los constantes ataques del presidente a periodistas y medios de comunicación bajo el manto de una tradición sarmientina.
El problema de esta comparación radica en su contradicción intrínseca: Sarmiento, mentor de la educación pública y defensor de la pluralidad de ideas, no encarna en absoluto el autoritarismo discursivo que Milei utiliza para desprestigiar a la prensa crítica.
Además, resaltar los insultos a Alberdi, uno de los referentes ideológicos del propio Milei, resulta una maniobra confusa e innecesaria.
El punto más controversial de su defensa llega cuando intenta justificar los insultos de Milei hacia la prensa apelando al ejemplo de Sarmiento, argumentando que “hasta los próceres insultaban”.
Entre los epítetos que el expresidente del siglo XIX lanzó en su tiempo, Sturzenegger destacó calificativos dirigidos a Juan Bautista Alberdi como “charlatán malcriado”, “camaleón”, “veleta” y “asno literario”. Además, recordó que Sarmiento no tuvo reparos en referirse a ciertos sectores como “vagos degenerados” y “bárbaros”.
Sin embargo, el paralelismo es problemático. Los insultos de Sarmiento, aunque también duros, estaban enmarcados en debates intelectuales de su tiempo y a personajes de su mismo “rubro”.
Por el contrario, las expresiones de Milei hacia periodistas críticos no buscan sostener discusiones ideológicas, sino deslegitimar y amedrentar a quienes cuestionan su gestión. El presidente ha llamado “mentirosa serial”, “sicario mediático”, “imbécil” y “basura humana” a comunicadores como Romina Manguel, Reynaldo Sietecase y al veterano periodista Nelson Castro.
El trasfondo: coartar la libertad informativa
Lejos de tratarse de una medida administrativa, el desmantelamiento de la Defensoría del Público tiene implicancias profundas.
Al desfinanciar el único organismo dedicado a recibir denuncias ciudadanas contra la manipulación informativa, el gobierno de Milei redobla su ofensiva contra el periodismo y los controles democráticos.
Esto ocurre en un contexto donde los ataques presidenciales a periodistas son cada vez más frecuentes y agresivos.
El uso de argumentos presupuestarios para justificar esta medida tampoco resiste el menor análisis. Según Sturzenegger, cada denuncia costaba al Estado 1,5 millones de pesos, un cálculo que, aunque probablemente deliberadamente inflado, omite el valor fundamental de contar con una institución que defienda la calidad informativa en una democracia.
La decisión de Sturzenegger erosiona los mecanismos de control ciudadano y además profundiza la estrategia gubernamental de hostigamiento a la prensa crítica. Al comparar a Milei con Sarmiento, el ministro busca trivializar los ataques presidenciales y desviar la atención de las verdaderas intenciones detrás de esta medida: silenciar las voces disidentes y debilitar las garantías democráticas.
