Mientras en la Justicia bonaerense y en los tribunales federales se sigue la pista del espionaje macrista, la Legislatura, en “modo remoto”, discute cómo encarar lo que promete volverse un verdadero escándalo institucional que salpique a todo Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal incluida.
Dos incógnitas trazan el eje del debate legislativo en torno a las denuncias por presunto espionaje ilegal que se llevó a cabo al amparo de Cambiemos en los últimos cuatro años. La primera es si habrá consenso para crear una comisión bicameral que tenga la facultad de investigar los alcances políticos de la trama. La segunda está vinculada a la situación del diputado Alex Campbell, el Subsecretario de Asuntos Municipales, mencionado en las escuchas entre espías.
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La primera discusión se desdobla a su vez en dos enfoques. El primero fue planteado por el diputado oficialista Guillermo Escudero, platense y cercano al bruerismo, quien impulsa la creación de una comisión bicameral que siga de cerca la red que tenía terminal en la Casa Rosada, que es la que involucra a Campbell.
“Es necesario que la Cámara de Diputados, más allá de que hay un diputado actualmente involucrado -aunque le da un tinte de la complejiodad y la impunidad que hubo para espiar a quien quisieron con los fines que se les antojaron-, no quede relegada a responder una diligencia judicial”, le dijo a INFOCIELO Escudero.
“Creo que esa bicameral tiene que tener amplias facultades para investigar las incumbencias políticas y lo que surja a partir de la causa”, agregó, tras lo cual se declaró “sorprendido” por el “nivel de impunidad” pero también con el “nivel de torpeza” de los espías macristas.
“Ademas de la impunidad que tenia este grupo se encuentra un nivel de torpeza que también sorprende. Que no supieran que Pablo Bruera tenia un vinculo familiar con el Obispo Lugones sorprende”, sostuvo, tras lo cual admitió que “más que señalar la torpeza hay que señalar la impunidad con la que se manejaban y con la que accedian a la informacion”.
El otro enfoque es el que propone el diputado Matías Molle, de San Fernando, quien también impulsa una comisión, pero en el seno de Diputados y con el objetivo de investigar la presunta red de espionaje que se habría montado desde Asuntos Internos, con Guillermo Berra, su titular, muy cercano a María Eugenia Vidal, a la cabeza.
Susana González, diputada ensenadense y presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, es partidaria de esa opción. González, que fue protagonista -en rigor, víctima- de una situación de gravedad institucional, cuando desconocidos barretearon el ingreso a su despacho en la Cámara sin ser detectado por ningún mecanismo de vigilancia, sospecha que esa investigación puede terminar comprometiendo a las primeras líneas del vidalismo.
Incluso teme que ella misma pudiera haber sido objeto de espionaje por parte de Asuntos Internos. Por eso se presentó como parte y se reunió con la fiscal que instruye la causa, Cecilia Corfield, y no descarta pedir ser incluida como particular damnificado si aparecen indicios al respecto.
“Las dos causas -la Federal y la Provincial- son gravisimas, pero la Nación tiene una Agencia de Inteligencia determinada por ley, las provincias tienen vedada esta situación”, le explicó a INFOCIELO, tras lo cual consideró doblemente grave que ese espionaje se haya llevado a cabo “desde un organismo puramente administrativo que depende de Seguridad”. “Es como que si la direccion de sumarios de la Dirección General de Cultura y Educación empezara a investigar a diputados, jueces; es muchisimo más grave”, graficó.
Para la diputada ensenadense, una investigación Legislativa tiene una segunda limitación: como tramita en la Justicia Federal, los diputados y senadores provinciales se quedan sin amparo legal para intervenir, a pesar de que, sostiene, ambas causas “están relacionadas”.
“Cuando se instalaron bases en el AMBA, fue con autorización de Vidal y de Ritondo, sin darle participacion ni conocimiento a nadie, y solo las levantaron cuando descubrieron que una de las bases investiga a la propia Vidal”, recordó. “Está todo coordinado, está claro que la maquinaria que pusieron para escuchar a todos es dirigida a extorsionar y a armar causas, no solo a oposiutores políticas: tambien espiaron a la corte, a jueces federales; era obtener infocmracion para carpetear”, añadió.
La propuesta de crear una Comisión Investigadora que funcione sólo en la Cámara Baja tiene una ventaja extra: saltea el eventual “bloqueo” que podría implementar la oposición en el Senado, donde ostenta una fuerte mayoría.
Respecto de la situación de Campbell, hay consenso en torno a que no es necesario pedir su desafuero, al menos en lo inmediato. Para Escudero, su eventual tratamiento por parte del cuerpo legislativo tendría que llegar “después de la solicitud del juez”. Por eso, insiste, es necesario conformar una comisión bicameral: “la Legislatura no puede quedar relegada si corresponde o no tratar el desafuero. Por eso planteo que tenemos que constituiar una bicameral para que, independientemente del desafuero, de lo que solicite la justicia, nos pongamos encima del tema con las herramientas que la legislatura nos habilita”.
González, en cambio, es partidaria de que el legislador no debe renunciar ni ser apartado. “Sería un show mediático, porque ningun juez está privado de investigar a un diputado, y ningun diputado esta privado de estar a derecho”, razonó, tras lo cual puso el ejemplo de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y del diputado Julio de Vido, que, dijo, “siempre estuvieron a derecho y el juez pudo investigar”.
Mientras el oficialismo debate puertas adentro cómo encarará un tema extremadamente sensible, que aparece -junto a la pandemia- al tope de la agenda política, este jueves habrá ocasión para que empiecen los cruces en el recinto. La Cámara de Diputados sesionará -esta vez de manera completamente remota- con una agenda completamente ajena al tema espionaje, pero cae de maduro que el asunto se colará por alguna ventana.
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