El Gobierno nacional se muestra cada vez más permeable a las modificaciones sobre la ley ómnibus y deja de lado algunos de sus planteos más ortodoxos a fin de intentar lograr consensos para el avance de sus reformas. Uno de los puntos más polémicos era el insólito artículo impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que prohibía reuniones de más de tres personas en la vía pública a fin de controlar la protesta social, que ahora será dejado de lado, tal como ocurrió con las modificaciones al régimen de pesca.
La normativa fue entendida por sectores sindicales y los movimientos sociales como una clara avance en el cercenamiento a la libertad de protesta y hacia la criminalización de la protesta social que venía a completar las restricciones del protocolo antipiquetes.
“Lo primero que voy a hacer es una aclaración: hubo una mala interpretación del artículo 331, que plantea que se debería pedir un permiso para la reunión de 3 personas. Eso está vinculado a la ley de tránsito y no a la general”, expresó Bullrich ante las comisiones de Diputados.
Salió a la luz el contrato entre Espert y Machado: no eran 200 mil, eran un millón de dólares
El documento, hallado roto y reconstruido, confirma que Espert firmó con Fred Machado un contrato por un millón de dólares por una asesoría que nunca realizó.
Y remarcó: “Vengo a decir que es nuestro objetivo retirar ese artículo de la Ley” porque generó “confusión” agregó.
Sanciones a piqueteros y organizadores de protestas
“La posibilidad de tener un país en orden, capaz de crear trabajo se manifiesta en la razonabilidad de la protesta social. El país ha tenido desde el 2009 hasta el 2023, 85.200 piquetes y manifestaciones. Esto representa 815 cortes mensuales, en promedio” se excusó y afirmó que “implica una pérdida de comercios, de horas de trabajo, de posibilidades de llegar a sus empleos”, dijo Patricia Bullrich.
En esa dirección reafirmó la decisión del gobierno de Javier Milei de desarticular el rol de los intermediarios y sancionar a los líderes piqueteros que fomenten cortes en la vía pública: “Habrá una pena mayor para los organizadores, será de 3 a 6 años de prisión”. Y aseveró: “De ninguna manera puede haber una conducción paralela al Estado nacional, que decide sobre la vida de la gente” remarcó.
“Los organizadores van a ser solidariamente responsables del pago de los daños que ocasionen en el patrimonio público y privado” completó.
