José Luis Espert no logra salir del ojo de la tormenta. Esta tarde, finalmente se conoció el contrato que firmó en junio de 2019 con el empresario acusado de narcotráfico Federico “Fred” Machado. Mientras el diputado había admitido haber recibido 200.000 dólares, el documento reconstruido demuestra que el acuerdo alcanzaba en realidad la suma de 1.000.000 de dólares por un supuesto servicio de asesoría que nunca se contrató.
El contrato, firmado apenas dos semanas antes de que Espert lanzara formalmente su candidatura presidencial, estipulaba que 100.000 dólares debían abonarse “en el acto de la suscripción” y el resto en nueve cuotas mensuales consecutivas e iguales de 100.000 dólares mediante transferencia bancaria. Según los registros, entre junio de 2019 y marzo de 2020, es posible que Espert haya cobrado la totalidad del monto, generando sospechas tanto por el elevado valor como por la falta de evidencia de que se hubiera realizado el trabajo acordado.
Machado, que durante la campaña también aportó al menos 36 vuelos en avión privado y una camioneta blindada, firmó el contrato como representante de Minas del Pueblo, empresa guatemalteca señalada por la Justicia de Estados Unidos como parte de su estructura delictiva. El acuerdo contemplaba la realización de un “análisis de mercado y asesoramiento integral para refinanciar deuda y confeccionar un plan estratégico de ampliación y crecimiento de la empresa a tres años, con su seguimiento y control”, así como estrategias de expansión y refinanciación.
En entrevistas recientes, Machado intentó justificar las diferencias entre los montos admitidos y los reales: “Él me dice que hace consultorías, le digo que podemos firmar una asesoría, eran más de 200.000 dólares, más cuotas… No sé si era un millón, puede ser 500.000”. Sus explicaciones resultaron confusas y no lograron disipar las dudas sobre la transparencia del contrato.
.El contrato, que se encontró roto en varias partes y tuvo que ser reconstruido por la investigación periodística, incluye además cláusulas sobre plazos de ejecución del trabajo, que estaba previsto a 12 meses y podía prorrogarse por acuerdo mutuo. La reconstrucción del documento permite confirmar la magnitud del acuerdo y arroja luz sobre la extensión de la relación entre Espert y un empresario que hoy enfrenta graves imputaciones judiciales.
