Gran consternación provocó en Bahía Blanca la difusión de una lista de dirigentes y funcionarios, tanto políticos como educativos y sindicales, que fueron espiados por la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri.
A la ya conocida en junio, ahora se sumó una extensa nómina que incluye entre otros, al diputado Gabriel Godoy, al entonces senador Federico Susbielles y concejales del Frente de Todos, que figuran en la causa que investiga el juez federal Alejo Ramos Padilla que la justicia publicó y por la cual fueron procesados los responsables de la ex SIDE, Gustavo Arribas y a Silvia Majdalani.
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La edil Analía López, además dirigente docente de SADOP, admitió que si bien era “consciente” de su exposición por su militancia, “nunca” pensó que el estado, “tras el oscuro período histórico del proceso militar, propiciara tareas de inteligencia y/o espionaje, en infracción a la Ley de inteligencia nacional”, lo que constituye “una muestra más del desprecio por la legalidad y los DDHH del gobierno de Cambiemos”.
Su bloque, emitió un comunicado titulado con la frase del presidente Alberto Fernández, “Nunca más a los sótanos de la democracia”, en el que repudia el accionar de la AFI y se solidariza con los afectados.
También se expresó el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Miguel Agüero, quien dijo estar “sorprendido” y lo comparó con un robo en la propiedad. “Es como que entren a tu casa, ingresaron a mi vida sin que yo sepa nada y no entiendo por qué”, dijo a la prensa local.
En esa sintonía, el Rectorado de la Universidad Nacional del Sur, manifestó a través de una carta su “enérgico rechazo y condena” al anoticiarse sobre acciones hacia la ex vicerrectora María del Carmen Vaquero, el sindicato de docentes, empleados y agrupaciones estudiantiles.
“Las instituciones académicas han sufrido en el pasado de forma reiterada y habitual este tipo de prácticas inaceptables, pero en la vida democrática, las fuerzas de seguridad y las agencias del Estado deben estar al servicio de la sociedad y jamás puestas al servicio de la persecución de los ciudadanos por sus ideas o su actividad política, gremial o académica”, sostiene el documento.
Por la difusión de la investigación, se conoció que hubo en Bahía una base de la AFI a cargo de Jorge Sebastián Novais, sobre quien se dictó la falta de mérito pero seguirá vinculado a la causa e incluso se le prohibió salir del país.
El hombre de 56 años entró a la SIDE en 1995 y se jubiló en 2017, pero continuó con la tarea de recolectar información sobre organizaciones políticas sociales y sindicales.
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También se expresó la agrupación H.I.J.O.S, fue blanco del espionaje ilegal, la cual aseguró que se trató de una “réplica exacta” del modelo de persecución de inteligencia de la última dictadura y que con la excusa de perseguir delitos como el narcotráfico y la trata, “enmascararon seguimientos a opositores, casi siempre con la anuencia de la prensa hegemónica que los apoya”.
Rodrigo Bahía, referente del Movimiento Evita, acusó al anterior gobierno de llevar a cabo un “plan organizado y ordenado” por las máximas autoridades de la agencia y que “es una locura que, mientras algunos estuviéramos involucrados en generar opciones para la vida en los sectores más castigados por la política de gobierno de Macri, el mismo Estado haya destinando recursos, no en respaldar y acompañar esos procesos de acceso a la tierra, el techo y el trabajo, sino espiando a quienes fomentamos la solidaridad y el trabajo comunitario frente al desastre social y económico del gobierno de Cambiemos”.
Pero el conocimiento de este listado también provocó malestar en sectores ahora opositores, pero oficialistas durante la administración Macri.
El subsecretario de Seguridad local, Emiliano Álvarez Porte, consideró el espionaje con fines políticos como “aberrante e ilegal” y que “remite a los peores tiempos de nuestro país”.
“No sólo debe repudiarse, debemos exigir a la justicia el esclarecimiento de estos hechos. Las leyes de la democracia deben desterrar estas prácticas”, agregó.
Su partido, la UCR, también hizo un “repudio enfático” y pidió la sanción de todas las personas involucradas en estas operaciones, y “que se desarticulen las estructuras y se desclasifiquen y destruyan todos los materiales producidos”.
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