Javier Milei llegó a la presidencia prometiendo terminar con la “casta” y asegurando que “ésta vez el ajuste lo paga la política, no la gente”. Sin embargo, luego haber de publicado el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con un paquete de medidas, y de haber enviado al Congreso una Ley Ómnibus con las primeras grandes reformas de su gestión, los más perjudicados son los jubilados.
Con las medidas anunciadas por el Presidente, los precios de la canasta básica se dispararon entre un 35 y un 100 por ciento, incluyendo rubros muy sensibles para la tercera edad como lo son los medicamentos y prestaciones médicas. Pero no es todo: en caso de aprobarse las reformas se eliminaría la movilidad jubilatoria, y los aumentos pasarían a ser por decreto. A dos días de terminar el año, el Gobierno no confirmó aún un bono para engrosar los ingresos de los jubilados de la mínima, que representan al 65 por ciento del total y que a partir del 10 de enero percibirán sólo $105.713, si no hay nuevos aumentos por decreto.
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Ésto representa un ajuste a los jubilados con caída del poder adquisitivo mayor al 50 por ciento, ya que no sólo se duplicó el costo de vida, sino que además sus ingresos cayeron un tercio. Es decir, que a partir del mes que viene podrán comprar menos de la mitad de alimentos, medicamentos y demás bienes que podían adquirir hasta el día de hoy.
Pese al golpe al bolsillo que sufrirán los adultos mayores, el vocero presidencial Manuel Adorni aseguró que “haber echado por tierra la ley de movilidad jubilatoria no es contra de los jubilados, sino para evitar que la inflación termine de despedezarles el ingreso”. Aún así, no confirmó que vaya a haber nuevos bonos y aumentos durante enero.
¿Qué cambios implica la Ley Ómnibus para los jubilados?
Dentro de las modificaciones legales que pretende Javier Milei, y que envió al Congreso a través de una Ley Ómnibus, se encuentra la derogación de la Ley de Movilidad Jubilatoria, que establecía las escalas de aumentos en los haberes jubilatorios. En su lugar, los aumentos serán decretados por el Gobierno Nacional hasta que se defina una nueva fórmula de actualización automática.
Es decir que, a partir de enero de 2024, los aumentos a los jubilados dependerán de la voluntado de la gestión de Javier Milei a establecer aumentos que podrán ser mensuales, semanales o incluso periódicos. Sin embargo, hasta el momento ni el Presidente ni su equipo informaron la intención de incrementar los haberes jubilatorios.
Cabe recordar que en enero de 2023 el haber mínimo era de $50.124,60, al cual se le sumó un bono de $10.000. Mientras que en diciembre de 2023, por Ley de Movilidad Jubilatoria, la jubilación mínima fue de $105.713, un incremento del 111 por ciento. A ello se le sumó un bono de 55.000 pesos, por lo que su ingreso fue de 160.000 pesos.
El traslado del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, otro recorte a los jubilados
La incertidumbre no es sólo por los aumentos realizados por decreto, sino que dentro de la Ley Ómnibus, Javier Milei pidió trasladar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del ANSES al Tesoro Nacional, que depende del Poder Ejecutivo. Éste fondo, creado en 2007 tras la estatización de las AFJP, administra activos financieros de diferentes empresas y sirve de respaldo al sistema previsional. Es decir, de allí sale el dinero para pagar las jubilaciones. Según el ANSES, el mismo asciende a 76 mil millones de dólares.
Sin embargo, pese a la intención de Milei de quitarle a los jubilados y la ANSES esa caja multimillonaria, hay una inesperado error técnico que podría frenar el traspaso. Es que, según advirtió el ex Diputado Nacional Alejandro “Topo” Rodríguez, el texto de la ley que envió el oficialismo al Congreso tiene mal consignado el número de decreto que creó el FGS.
“Según el artículo 226, se dispone “la transferencia de los activos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad creado por el Decreto 867/07 al Tesoro Nacional”, queriendo referirse al fondo que administra la ANSES, el organismo previsional de jubilados y pensionados. Pues bien, el Fondo no se llama de esa manera y tampoco fue creado mediante el decreto referido. En rigor, el consignado Decreto 867/07 está relacionado con una autorización de traslado de personal militar al exterior del país. ¡¡Nada que ver!!“, alertó Rodríguez.
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