La defensa de Hugo y Pablo Moyano elaboró el mapa de la persecución que sufrió el líder camionero durante la gestión de Mauricio Macri. Se trata de un minucioso plan con engranajes en los tres poderes del Estado, en el que tuvieron un rol protagónico algunos medios de comunicación y famosos periodistas. Una verdadera banda en la que cada uno interpretó su partitura para concretar el sueño presidencial de “meter preso” al principal sindicalista del país.
El plan incluyó encarcelar a personas para, una vez en prisión, ‘apretarlos’ para que acusen a Moyano a cambio de su libertad; allanamientos con el único fin de obtener ‘la perimetría’ de lugares para darle solidez a las declaraciones armadas para inculparlos, pruebas reunidas en procedimientos sin custodia del material incautado; la utilización ilegal de figuras como “el arrepentido”, y un sinnúmero de otras anomalías que se acumulan en la tramitación de un causa que huele a podrido, y destila fuertes sospechas de persecución política durante la argentina macrista.
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Los vicios en el proceso denunciados por la defensa a cargo de Daniel Llermanos incluyen, además, la decisión de valerse de enemigos internos de Moyano en Independiente, como el líder de la barra brava, “Bebote” Álvarez, para aportar pruebas armadas para sostener la acusación; trabas a la defensa para acceder a las pruebas que debían contrarrestar en el expediente, y hasta un insólito pedido de elevación a Juicio de la causa con el reconocimiento explícito del polémico fiscal Sebastián Scalera, de que lo hacía sin haber concluido de periciar la prueba.
El barra “Bebote” Álvarez, un engranaje de la maquinaria que el macrismo movió contra los moyano.
El montaje alrededor de la causa se parece a la trama de una serie de Netflix. Un ex agente orgánico de la AFI denunció que su defendido fue tentado por Scalera para que apunte contra Moyano. Se trata de otro ex barra de Independiente que trabajó para “Bebote” Álvarez, Damián Lagaronne, a quien la Justicia le propuso involucrar al dirigente sindical en los manejos de plata negra para financiar a la barra, a cambio de su libertad.
La Justicia se valió de pruebas aportadas por barras con frondoso prontuario y cuentas que rendir en tribunales. No hay mejor aliado para armar una acusación, que la palabra de personas enemistadas con la ley. Según la reconstrucción de Llermanos, la ingeniería procesal que pergeñó la acusación a cargo de Sebastián Scalera, encontró en dos barras con graves problemas judiciales y causas abiertas por las que responder, el engranaje ideal para reunir “pruebas armadas” que señalen a los Moyanos como jefes de una asociación ilícita que pudiera llevarlos tras las rejas.
En General, las causas contra Moyano han sido promovidas desde organismos oficiales o para estatales, en complicidad con un sector de los medios. Law Fare en su máxima expresión: acusaciones impulsadas por dirigentes políticos desde organismos públicos que son fogoneadas en la pantalla chica para demonizar al apuntado. El escarnio público es clave en el plan estratégico. Contra lo que se piensa, no es un mensaje que apunte al acusado, sino al Juez de la causa que tiene que resolver atento las pruebas, pero también atenerse a la presión social que se genera fuera del expediente, a través de los medios.
El jefe de los fiscales bonaerenses, Julio Conte Grand, otro de los apuntados por Moyano.
En la trama hubo papeles protagónicos y roles de reparto. Todos guionados. Uno de los engranajes claves apuntado por la defensa es el Procurador General de la Corte bonaerense, Julio Conte Grand. Lo puso en ese lugar el Juez Carsoglio, cuando lo acusó de filtrar a la prensa cuestiones sensibles de la causa, para presionarlo. Lo hizo en una conferencia en la que denunció públicamente que habían llamado a su esposa para “amenazarla de muerte” en la que ningún medio ni dirigente político reparó. Otro botón que muestra el republicanismo selectivo de un sector de la dirigencia política argentina y de sus militantes. La misma denuncia pronunciada por el fallecido Bonadío hubiese sido un escándalo en el relato periodístico.
En el expediente hay un video de Conte Grand con definiciones públicas que, de mínima, debiera explicar: “hay pruebas para que (Moyano) esté imputado, y hay pruebas para que esté detenido”. Hasta ahí podría tratarse de información calificada a la que tiene acceso por su condición de Jefe de los fiscales. Pero después asegura que “mis fiscales tienen la instrucción muy clara y categórica como para salir del principio que es la libertad, y pasar a la excepción, que es la privación de la libertad”. No fue una expresión generalista. Respondió así a la pregunta de Marcelo Bonelli sobre si había pruebas para imputar a Moyano. No puede un Procurador intervenir en la tramitación de una causa específica, ni “ordenar” a sus fiscales medidas procesales que deben ser analizadas en la causa, en la que Conte Grand no puede tener injerencia.
Son tantas las irregularidades en la tramitación del expediente, que enumerarlas en una crónica la tornaría interminable. Veamos algunas.
Mauricio Macri y el titular de la AFI, Gustavo Arribas, máximos responsables del LawFare de Cambiemos.
MM, un abogado independiente que ingresó a la AFI en septiembre de 2016 y que operó bajo el pseudónimo FM, denuncia que su superior, el Director de Operaciones Especiales, le pidió que direccione la declaración de su cliente, el barra Lagaronne, para que acuse a los Moyano. La orden tiene nombre y apellido: “es el interés del presidente Macri, que Moyano vaya preso”. En paralelo, y por los medios, el titular del Ejecutivo denunciaba a Hugo y Pablo Moyano de ser responsables, por el costo del transporte, de las penurias económicas de los empresarios y de la suba de los precios que golpeaba a los argentinos. Sus dichos no eran inocentes.
Reproducido hasta el cansancio por los medios, la idea era esmerilar públicamente la imagen del camionero para ejercer presión social al juez de la causa. Lo mismo hacía un sector importante de la prensa, particularmente del periodismo enfrentado con el gobierno actual.
El ex AFI denunció con nombre y apellido al responsable de la maniobra: “el fiscal Scalera le pidió a mi defendido que presente pruebas, reales o no, contra los Moyano, a cambio de concederle la prisión domiciliaria”. La morigeración de su propia situación procesal era el precio del intercambio de favores. Esa fue, según el letrado –que renunció a la defensa para no participar de la maniobra- la carnada que su cliente mordió para recuperar su libertad, y el trasfondo de su declaración contra el líder sindical.
La Justicia haría su parte. Como en su declaración Lagarone hablaría de lugares donde supuestamente se había reunido con el dirigente sindical para concretar el desfalco, había que tener precisión espacial y exactitud en los planos para darle verosimilitud al relato. Para darle validez jurídica a una declaración, se sabe, hay que constatar la certeza de tales afirmaciones certificando que los dichos se condicen con las características de lugar consignado. Para eso se libraron órdenes de allanamiento cuyo único fin, en la hipótesis de la defensa, era obtener la “perimetría” del lugar del supuesto encuentro, para tornar creíble la declaración contra Moyano. El operativo se hizo en mayo de 2019, y ese habría sido el objetivo primordial de aquel allanamiento.
MM no fue el único abogado que denunció la maniobra de extorsión. Tras su renuncia, asumió la defensa de Lagaronne Víctor Hortel. El letrado también denunció a Scalera por la comisión de delitos de incitación al falso testimonio, extorsión, prevaricato y falsificación de instrumento público en concurso real. Demasiada coincidencia para ser desechada la sospecha de persecución contra el fiscal que instruyó la causa.
El apriete al Juez Carzoglio es historia más conocida. En octubre de 2018 el magistrado desestimo el pedido de Scalera para detener a Moyano. Lo hizo denunciando al Procurador Conte Grand y a la AFI de haberlo extorsionado. Según sus dichos, dos funcionarios de la secretaría de inteligencia, SD y FdP, fueron a visitarlo para llevarle el mensaje del Presidente Macri: “los quiere presos”. Un tiempo después, el ex titular de la AFI, Gustavo Arribas, admitió la visita ante la bicameral del Congreso. Aunque las asoció con otro procedimiento, confirmó que existió la reunión que denunció el juez Carzoglio. ¿Cuál sería la necesidad procesal para que la AFI ‘visite’ al Juez?
El juez Carzoglio, primero en hablar de los “aprietes” del Gobierno a la Justicia.
La defensa denunció que el fiscal nunca permitió a los abogados de los imputados acceder a las IPP, ni conocer las pruebas en su contra que había en la causa. Una acción que vulnera el derecho más elemental a proteger en una causa, el de defensa. Es la base del debido proceso.
La participación del líder de la barra de Independiente también acumula irregularidades. La primera es de procedimiento. La Justicia le permitió utilizar la figura del “arrepentido” en la tramitación de causas bajo legislación bonaerense. El organigrama jurídico en la Provincia no contempla esa figura. La misma fiscalía revirtió su posición al respecto. Pasó de desechar ese planteo en otros procesos, a concederla en este caso. Una evidente doble vara que alimenta aún más las sospechas. El aporte del “Bebote”, enfrentado a los Moyano, era más indirecto. A sabiendas de que su teléfono estaba intervenido, se dedicó a interpretar en supuestas comunicaciones genuinas, la música que quería escuchar la fiscalía. Todo quedó grabado, y el barra lo sabía.
La cadena de custodia del material incautado en sucesivos allanamientos también fue violada. La defensa logró demostrar que “en el allanamiento al sindicato, no se utilizó la faja de sellado reglamentario para la custodia de los elementos secuestrados”. Tampoco se ilustró debidamente, ni mediante fotografías ni videos, los dispositivos, computadoras y soportes secuestrados, ni los medios utilizados para la extracción de la información que contenían. En la causa hay pruebas de que algunos de los teléfonos secuestraron llegaron a la dependencia donde se realizaría el peritaje “en sobres abiertos, sin observar ninguna de las medidas de seguridad para garantizar la cadena de custodias en estos casos”.
El abogado defensor, Daniel Llermanos, criticó en una presentación la utilización periodística de material editado, que –según dijo- muchas veces no se correspondían con la realidad del expediente. Entre ellos habló de una grabación ilegal, después filtrada, “de una conversación protegida por el secreto profesional que mantuve con mi representado y que luego fue entregada de forma clandestina al periodismo de parte del fiscal Scalera”.
“¿Quién debió descartar ese material ilegal? Scalera. ¿Quién tenía a cargo la custodia de ese material? Scalera. ¿Quién se lo dio al periodismo en general y a Luis Majul en particular? Scalera”, se preguntó Llermanos en una presentación en la que calificó esas actitudes como “un agravio a nuestro sistema republicano”.
La causa contra Moyano envuelve sospechas de enorme gravedad institucional, no sólo por la violación del debido proceso que denunció la defensa y que el Estado –sobre todo- debe garantizar, sino “por la fusión del Ejecutivo, de algunos legisladores, periodistas y funcionarios de la Justicia” para concretar el plan de persecución política contra el principal dirigente sindical del país, en la argentina del macrismo. AA
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