Mientras las plataformas de transporte como Uber, Didi y Cabify funcionan sin grandes restricciones en la mayoría de las ciudades argentinas, Mar del Plata mantiene una prohibición total. La normativa vigente desde 2019 impide que cualquier servicio de traslado de pasajeros opere sin una habilitación municipal específica, algo que en la práctica bloquea la competencia de las apps digitales.
El gobierno local, encabezado por el intendente Guillermo Montenegro, ratificó en las últimas horas que realizó más de 55 mil controles en la vía pública para hacer cumplir esa ordenanza. La información fue presentada en la Justicia, luego de que el Tribunal de Trabajo N°4 le exigiera al municipio fiscalizar el cumplimiento de la norma.
En un oficio firmado por el director general de Transporte, Federico Chioli, el Ejecutivo afirmó que “la Municipalidad de General Pueyrredon cumple y hace cumplir toda la normativa vigente”, incluyendo las sanciones contra el “transporte ilegal”. De esta forma, el municipio volvió a posicionarse como uno de los pocos del país que mantiene vigente una prohibición total sobre las plataformas digitales.
La paradoja del libre mercado controlado
El dato llama la atención porque desde hace tiempo Montenegro adscribe abiertamente al espacio de La Libertad Avanza, el partido del presidente Javier Milei, que basa su discurso en la desregulación de los mercados y la competencia sin trabas estatales.
Sin embargo, en Mar del Plata ocurre exactamente lo contrario: el municipio sostiene una política activa de protección a los taxistas tradicionales mediante controles, sanciones y operativos permanentes.
La medida se ampara en la Ordenanza 23.928, que impone multas económicas y la posibilidad de secuestro de vehículos a quienes trabajen sin habilitación. Según datos oficiales, se habrían realizado unas 55 mil actuaciones en la vía pública desde 2019, aunque el municipio no detalla cuántas derivaron efectivamente en sanciones.
Una ciudad donde la proclamada libertad tiene límites
Las entidades de taxistas, por su parte, aseguran que los controles se redujeron en los últimos años, y reclaman más presencia estatal. Pidieron recientemente la instalación de 30 puestos fijos de control en puntos estratégicos —como el aeropuerto, la terminal, boliches, shoppings y clínicas— y multas “severas” para choferes y dueños de autos vinculados a apps.
También exigieron campañas públicas que alerten a vecinos y turistas sobre “los riesgos de viajar en transporte no habilitado” y la creación de una línea delatoria de denuncias anónimas.
En un contexto donde el discurso libertario promueve la libre competencia y la eliminación de regulaciones, Mar del Plata aparece como una excepción llamativa: un bastión del liberalismo que, en nombre del “orden y la legalidad”, mantiene una estructura de controles digna de otro tiempo.
En la ciudad del mar y los lobos, la libertad de mercado parece tener un límite claro: que no toque el negocio del taxi.
