El gobierno de la provincia de Buenos Aires atraviesa un intenso cierre de año con cuestiones candentes por resolver. Una de ellas, quizás la principal, es el proyecto de presupuesto para el 2026 que ayer ingresó formalmente a la Legislatura Bonaerense. El otro son las negociaciones paritarias con los sindicatos que representan a trabajadores estatales. Mañana ambos confluirán.
Así lo confirmó la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), el gremio que conduce Hugo Russo, y que representa a los empleados del Poder Judicial provincial. Según informaron, este viernes se van a reunir con funcionarios del gobierno de Axel Kicillof en el Ministerio de Economía para tratar tres temas: la paritaria 2025, la situación del IPS y proyectos de leyes presentadas en la Legislatura.
No va a ser la primera vez que el titular de Hacienda bonaerense, Pablo López, reciba a la dirigencia gremial. El año pasado, por ejemplo, lo hizo en varias oportunidades con el objetivo de exponer detalladamente la delicada situación económica del Estado provincial producto de la caída en la recaudación propia y en los fondos provenientes de Nación. Al día de hoy, en el gobierno de Kicillof hablan de unos 13 billones de pesos que la Casa Rosada adeuda desde que asumió Javier Milei.
Por su parte, la AJB espera con ansias retomar las discusiones paritarias para cerrar el año. El último aumento salarial fue del 5% a pagar en dos tramos (2,5% en septiembre y 2,5% en octubre) y se firmó a mediados de agosto. Ahora, además, cuentan con la cifra oficial de inflación correspondiente a octubre que servirá como parámetro para discutir el futuro de los salarios. Según el INDEC, el IPC de octubre fue del 2,3% lo que implica un leve repunto respecto a septiembre (2,1%).
El sindicato también pretende aportar su granito de arena en lo que respecta al presupuesto 2026. Tal es así que a fines de octubre publicó un informe en el que reclamaron un 5% de los recursos para el Poder Judicial. Según sus estimaciones, eso permitiría “revertir la crisis estructural que afecta al servicio de justicia”. Se trataría de un aumento considerable respecto de la ley de leyes actual (que data de 2023) porque habría que adicionar unos 2,49 billones de pesos a las partidas de la Justicia para llegar al porcentaje que piden.
