El ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Juan Martín Mena, firmó ayer el acta compromiso de solución amistosa por el denominado “incendio de Magdalena”. Se trata del litigio internacional abierto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la tragedia ocurrida en el pabellón 16 de la cárcel de Magdalena.
“Por instrucción del gobernador Axel Kicillof hemos podido avanzar con este acta acuerdo de solución amistosa, que tiene como objetivo asumir una serie de compromisos por parte de la Provincia para iniciar el proceso de reparación de derechos y arbitrar las medidas necesarias para evitar que una situación de esas características se repita en el futuro”, contó el funcionario.
Entre las acciones que se acordaron se destaca la confección de un protocolo de investigación de muertes en contexto de encierro; la capacitación a agentes judiciales en materia de revisión de medidas cautelares y evaluación de medidas de ejecución de pena; la consolidación e institucionalización de los protocolos contra incendios; la incorporación del caso Magdalena a la currícula de la escuela de cadetes del Servicio Penitenciario Bonaerense, entre otras cosas.
El incendio en el penal de Magdalena se produjo entre la noche del 15 y la madrugada del 16 de octubre de 2005. Al día de hoy todavía es incierto el origen de las llamas, pero sí se pudo determinar que el incidente comenzó luego de una violenta represión de los agentes penitenciarios hacia los internos. Todo terminó con 33 presos muertos por inhalar gases tóxicos y (años después) tres autoridades carcelarias condenadas por la Justicia.
De la firma del acta además del ministro estuvieron presentes los subsecretarios de Política Criminal, Lisandro Pellegrini; de Derechos Humanos, Matías Moreno; y el Jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense, Xavier Areses, el Juez del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, Daniel Carral; el subsecretario de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Leandro Gáspari; la directora Ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky; y Sofía Caravelos, en representación del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ).
