Por G.M.
En las últimas horas tomó estado público la decisión de la gobernadora María Eugenia Vidal de remitir al Senado bonaerense el pliego de antecedentes del doctor Sergio Torres para su posterior nombramiento como Ministro de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires. Se cumpliría así con la cobertura de la vacante dejada hace más de dos años por el doctor Juan Carlos Hitters, quien se acogió al beneficio jubilatorio.
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Si bien resulta un trámite institucional lógico y hasta postergado, la propuesta deja un sabor amargo.
Es que resulta extraño que, en un país que se proclama federal, la Provincia más importante en cuanto a recursos, cantidad de habitantes y, por sobre todo, con el Poder Judicial y el Colegio de Abogados más numerosos, se deba recurrir a “importar” un juez de otra jurisdicción para cubrir una vacante tan trascendental.
Las razones que, aducen los que dicen que saben, llevaron a la Gobernadora a inclinarse por el actual titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal nº12 de la Ciudad Autónoma son dispares. Por un lado se ha expresado que es “honesto y laburador” y, por otro, que es necesaria la presencia en el Alto Tribunal de un especialista en materia penal.
Sin ánimo de cuestionar al doctor Torres, es de remarcar que ha desarrollado casi la totalidad de su carrera en el fuero federal, donde si bien ha ejercido dentro de la rama del derecho penal, es de notar que el código de procedimientos que actualmente aplica resulta sumamente dispar al de nuestra Provincia. Esto ya de por sí podría suponer una desventaja.
Pero el verdadero sabor amargo expresado líneas arriba no se produce por el candidato elegido, sino por todos aquellos que fueron desechados.
El Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires se compone de aproximadamente 1.185 jueces, 638 fiscales y 457 defensores oficiales. Hay miles de abogados que ejercen la profesión de manera independiente.
Y de todo ese océano de letrados, ¿no pudo pescar la señora Gobernadora uno solo que revista el carácter de honesto y laburador? ¿Ninguno de ellos conoce además los intrincados vericuetos del derecho penal?
A todo esto, tanto el Colegio de Abogados como el de Magistrados de la Provincia, que, casualmente, resulta ser sede del mayor número de Universidades –y por ende de Facultades de Derecho-, asisten mansamente a este espectáculo, conformándose, tal vez, con el rol de meros aplaudidores, dejando de lado el federalismo que alguna vez juraron defender.
Tal vez no se pregunten por qué el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba esté integrado por seis cordobeses egresados de universidades cordobesas y que han ejercido la totalidad de sus carreras en ámbitos cordobeses, tal como ocurre con los seis Ministros de la Corte Suprema de Santa Fe, los siete de Mendoza y en casi la totalidad de las Provincias.
Tal vez la lejanía respecto de la Ciudad Autónoma haga que nuestros coprovincianos se sientan menos atraídos por su charme y se inclinen por opciones locales que no hayan sido formadas en ámbitos porteños, requisito que últimamente parece tener especial relevancia a la hora de ocupar un cargo de jerarquía dentro de la estructura provincial.
Tal vez sea necesario un cambio de mentalidad.
O, tal vez, simplemente debemos resignarnos de una vez a ser el patio trasero de la Ciudad Autónoma, a tener un estado manejado a control remoto desde la otra orilla del Riachuelo.
¿O será que, sin darnos cuenta, nos estaremos convirtiendo en lo que en la antigua Roma se llamaba el “Trastévere”?
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