Con el fantasma del juicio político al acecho, la Corte Suprema de Justicia de la Nación intenta sostener su agenda propia sin desvíos. En este marco, sus tres integrantes, Carlos Rosenkratz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, consensuaron qué causas tratarán en audiencias públicas. Una de ellas generó polémica.
Se trata de un conflicto por la crioconservación de embriones entre dos personas que estaban casadas y se divorciaron y una clínica privada de fertilización asistida. En 2021, la firma se negó a descartar los embriones tras el pedido de la expareja argumentando que el contrato no contempla la interrupción voluntaria del servicio. En cambio, propuso donarlos al banco nacional.
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La convocatoria del máximo tribunal para tratar el tema en una audiencia pública despertó rechazo porque se trataría de un tema resuelto. Así lo indicó la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, Estela Díaz, a través de un hilo de tweets. “Llama la atención que la Corte Suprema admita pronunciarse sobre un tema ya saldado por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo”, aseguró.
Según la funcionaria, la Corte convoca a esta instancia de debate “para darle voz a los discursos anti derechos”. De acuerdo a su postura, si una persona puede interrumpir su embarazo hasta la semana 14 de gestación también podría desechar un embrión antes de ser implantado. A pesar de esto, reconoció que en el Congreso de la Nación “hay proyectos pendientes” para dar más certeza al tema.
El llamado a audiencia pública no tiene fecha definida, pero seguirá adelante a pesar de las críticas. Para Díaz, esto constituye “otra decisión de la Corte Suprema que reafirma la necesidad del juicio político y demuestra que urge una reforma judicial con perspectiva de género“.
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