El Gobierno envía al Congreso el Impuesto a la Riqueza y prepara tres anuncios grandes

En las últimas semanas, el Gobierno de Alberto Fernández avanzó puertas adentro en el trazado de la ruta con la que se busca proyectar el modelo de país post pandemia y tomó la decisión política de realizar la semana que viene tres importantes anuncios. Se enviará al Congreso el proyecto de ley del impuesto extraordinario a las grandes fortunas, Alberto Fernández anunciará el nuevo plan de Seguridad y desde la cartera de Martín Guzmán se celebrará el cierre de la reestructuración de la deuda.

“El Gobierno va a poner quinta a fondo”, se envalentonan desde la mesa chica del Frente de Todos. La decisión de avanzar en una agenda propia y estructural fue tomada en conjunto con todos los sectores que integran la Coalición. “Todo fue charlado y cada uno se va a hacer cargo de su parte. Se va a trabajar en bloque”, refuerzan.

Uno de los primeros anuncios, tal vez el más esperado incluso por la oposición, será el que realizarán Máximo Kirchner y Sergio Massa: el envío a Diputados del proyecto de ley que plantea una contribución única a las grandes riquezas, que será recibido por la Comisión de Presupuesto. Mientras ultiman detalles, desde el bloque oficialista se muestran confiados en que ya tienen los votos necesarios para que pase al Senado, en donde Cristina Kirchner también jugará un rol importante.

El timming político no es casual. En efecto, se esperó al cierre de la reestructuración de la deuda para evitar que los acreedores pudieran imponer condicionamientos durante la negociación. Ahora, con ese camino despejado, el Gobierno buscará el aval del Congreso para avanzar en la recaudación de un fondo de excepción, estimado en 300.000 millones de pesos, que será utilizado en gran parte para enfrentar los gastos adicionales originados por la pandemia.

El aporte será escalonado y sólo afecta al 1.1 por ciento de quienes aportaban Bienes Personales a marzo de este año. Quedarán exceptuados los trabajadores, los pequeños y medianos empresarios; así como también los comerciantes y los patrimonios empresariales. “Estamos hablando de un impuesto excepcional que afectará a una porción ínfima de argentinos, pero que es la que concentra la mayor riqueza”, reconocen.

De acuerdo a los números que manejan en el Gobierno, se trata de un universo de 12 mil personas físicas; el 0.08 por ciento de la población económicamente activa del país. Deberán pagarlo, en caso de salir la ley, aquellos que hayan declarado al 31 de diciembre de 2019 un patrimonio mayor a los 200 millones de pesos.

Las escalas de tributación en las que se trabaja son las siguientes:

• 2% ($200 a $300 millones),
• 2.5% para quienes hayan declarado un patrimonio de hasta $400 millones;
• 2.75% hasta los $600 millones;
• 3% hasta los $800 millones;
• 3.25% hasta los $1.500 millones y
• 3.5% para quienes tengan una fortuna superior a los $3.000 millones.

Uno de los principales reclamos que enfrentó el oficialismo cuando sondeó en la Cámara Baja la medida fue que se detallara el uso de la recaudación excepcional. Así, según pudo confirmar Infocielo, las partidas serán repartidas de acuerdo a las políticas de corto, mediano y largo plazo que se acordaron dentro del Frente de todos.

Cerca del 20 por ciento será destinado a insumos vinculados a la emergencia sanitaria, mientras que el resto será distribuido en Becas Progresar, inyección a los barrios populares, empleo y remuneración de trabajadores y, por último, programas de exploración y desarrollo de gas natural. “Lo que nació como un proyecto para enfrentar la pandemia, se convirtió en un refuerzo adicional para hacerle frente a la situación social que enfrentaremos en el después”, reconocen.

“Somos el Gobierno de la reestructuración, vamos a ser el Gobierno de la vacuna y queremos ser el Gobierno de la recuperación”. Esa fue la bajada que Santiago Cafiero no sólo le marcó a su equipo de trabajo, sino que sostuvo en cada una de las reuniones que llevó adelante desde hace al menos dos meses para el armado del presupuesto, que será presentado el próximo 15 de septiembre en el Congreso.

Desde el massismo reconocen que el tratamiento de la Reforma Judicial llevará “al menos dos meses” en Diputados. Un dato no menor es que desde el entorno de Sergio Massa advierten que el presidente de la Cámara hará todo lo posible para que la oposición –fundamentalmente el bloque de Juntos por el Cambio-, participe del debate, que estiman llegaría recién para fin de año. El Gobierno apuesta entonces a que el proyecto del impuesto extraordinario tenga tratamiento parlamentario casi en simultáneo con el Presupuesto que enviará Cafiero.

“Es el momento para avanzar en toda la reestructuración necesaria de cara al día después de la pandemia”, reconocen desde el Gobierno, que ya anticipan una ola de críticas al proyecto por parte de los sectores concentrados, similar a la que recibió la declaración de servicios públicos a la televisión por cable, Internet y celulares. “La mayoría de la ciudadanía celebró el anuncio, los que se quejan son otros sectores”, desestiman.

En efecto, desde el Gobierno consideraron que la buena recepción de la medida anunciada hace sólo una semana por el presidente es una “luz verde” para llevar adelante las principales reestructuraciones necesarias y enfrentar así el tira y afloje político lo antes posible. “Estamos en un momento en el que tenemos una casa sin techo. Primero hay que arreglar eso y después nos vamos a focalizar en los detalles menores”, explican, al tiempo que no descartan una posible reforma tributaria como proyecto principal para el 2021.