El presidente de la Nación, Javier Milei, firmó el Decreto 812/25 que entró en vigencia este martes. La norma hace una sola cosa, pero muy concreta: le quita al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) la facultad de imponer precios mínimos para proteger la rentabilidad de los productores. Ya lo había intentado hacer antes, pero un juzgado de Misiones se lo impidió. ¿Qué va a pasar ahora?
La administración libertaria espera que esta desregulación llegue para quedarse. En la norma que se publicó hoy le dio 30 días al INYM para adecuar toda su reglamento interno para que no contradiga al decreto en cuestión.
“El INYM no podrá dictar normas o establecer intervenciones que provoquen distorsiones en los precios de mercado, generen barreras de entrada, impidan la libre iniciativa privada y/o interfieran en la libre interacción de la oferta y la demanda en la producción y comercialización de la yerba mate y derivados“, expresa, textualmente.
Lo cierto es que en 2023, con el mega DNU 70, Milei ya había intentado desregular la actividad yerbatera y su instituto nacional de promoción, pero lo frenó una medida cautelar. En abril de 2024, la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas ratificó el recurso de amparo que había suspendido esas modificaciones y la causa pasó a la Corte Suprema de Justicia. Ahora, el gobierno de Milei insiste con este tema y le abre la puerta a un nuevo litigio.
Para colmo, el horno no está para bollos en las provincias productoras de este cultivo. Según el semáforo de las economías regionales que elabora mensualmente CONINAGRO, la producción de yerba mate es una de las 6 (de 19 analizadas en total) que están en crisis. “Los precios percibidos por los productores se han rezagado frente a la inflación y al incremento de los costos, afectando seriamente la rentabilidad“, explicaron desde la entidad que nuclea a cooperativas agropecuarias.
Justamente, la intención del INYM antes de la desregulación libertaria era acordar precios mínimos para garantizar niveles de rentabilidad aceptables. A esto hay que sumarle un aumento una suba del 8% en las importaciones, en comparación con noviembre del año pasado, y una caída del 3% mensual en el precio que le pagaron a los productores por tonelada de hoja verde.
