Una de las tantas cosas que modificó el mega DNU 70/23 de Javier Milei es la industria de la yerba mate. A la espera de su tratamiento en la Cámara de Diputados la norma que desreguló la economía sigue generando efectos adversos en sectores productivos. ¿Cómo está pegando en la infusión más popular de Argentina?
La primera consecuencia es que el Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM) ya no tiene capacidad para fijar precios de referencia en base a una grilla de costos de producción. Ahora, por primera vez en 22 años, los productores de yerba comienzan la cosecha sin saber a cuánto van a vender la hoja verde.
Los productores intentaron llegar a un acuerdo con el sector industrial en marzo, pero no tuvieron éxito. Actualmente, el valor mínimo de referencia ronda los 370 pesos y querían aumentarlo a $500. Tras la frustrada negociación, el director de INYM, Jonás Peterson, denunció que “están trayendo materia prima a granel de otros países para extorsionar a los productores y hacer bajar los precios”.
En paralelo, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) publicó un informe sectorial en el que concluyen que, por la falta de un organismo mediador, “el precio al productor difícilmente logre recuperarse en los próximos meses”. Según informaron, lo que reciben actualmente “quedó retrasado como resultado del salto inflacionario de los últimos meses”.
Lo más preocupante, según estas estimaciones, es que los productores podrían quedarse sin recursos para afrontar los gastos de la próxima campaña. “La desregulación del precio planteada en el DNU 70 implica que las industrias procesadoras de yerba mate puedan decidir arbitrariamente el precio de pago al productor sin ninguna regulación que garantice la cobertura de costos para afrontar una nueva cosecha“, advirtieron los especialistas del CEPA.
