En medio de un litigio por la contaminación del arroyo El Gato del Gran La Plata, el gobierno de la provincia de Buenos Aires blindó los fondos públicos de posibles embargos judiciales. El objetivo es que esas disposiciones no impidan el normal desarrollo de la gestión pública. Los detalles de la medida.
Según quedó plasmado en la Resolución 177 de la Tesorería General, el Estado bonaerense abrió una cuenta bancaria para canalizar todos los embargos. La cuenta está en el Banco Provincia, la llamaron Embargos contra la Provincia de Buenos Aires y su principal responsable es el tesorero general, es decir, David Jacoby.
Esta cuenta “será destinada exclusivamente a la registración, canalización y ejecución de embargos judiciales en los que corresponda la intervención de la Tesorería General de la Provincia“, dice la normativa publicada en el Boletín Oficial de hoy. Esto incluye a los procesos judiciales futuros, pero también a los que ya están en proceso de ejecución.
Por otro lado, la Tesorería decidió que cuando los embargos estén expresados en dólares, o cualquier moneda extranjera, lo van a pesificar “siempre que ello no implique alterar la naturaleza ni el alcance de la obligación establecida”. Esto se hará a través del tipo de cambio que definan las autoridades judiciales y solo se harán excepciones.
Con esta iniciativa, el gobierno de Kicillof pretende resguardar las arcas públicas del Sistema de Cuenta Única del Tesoro (SCUT). “La afectación directa de cuentas integrantes del SCUT derivada de actuaciones judiciales podría comprometer el normal funcionamiento de la planificación financiera y la continuidad de la gestión estatal“, sostuvieron en la Resolución.
Un antecedente clave
La cuenta bancaria para embargos llegó unos meses después de que la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata revocara el embargo que había dictado el Juzgado Federal Nº 4 de La Plata contra el Estado provincial en una causa vinculada a la contaminación del arroyo El Gato y sus obras de saneamiento.
Esa medida judicial era por más de 157 mil millones de pesos y fue apelada por Fiscalía de Estado. La Provincia consiguió que se rectifique la decisión, pero la causa sigue abierta y los demandantes podrían insistir acudiendo al máximo tribunal.
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